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La reestatización del Área Material Córdoba, anunciada por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, es un gesto positivo y que discurre en el sentido de volver a contactarse con un pasado industrialista de la Argentina y con una decisión de progreso tecnológico que tuvo una fuerte trayectoria hasta mediados del siglo pasado y que después fue roída, recortada y bombardeada hasta llegar a su virtual aniquilación con las políticas de Menem y Cavallo. Que este gesto de la presidenta se transforme en un empeño positivo y dirigido a volver a poner en pie al país en esta materia, dependerá de la continuidad en el esfuerzo y de la existencia de un plan maestro dirigido a planificar un desarrollo coherente del país. Hasta ahora no se percibe con claridad que ese programa exista, pero hay que convenir que, más allá de este gobierno, no se advierte ninguna fuerza política consistente que esté en disposición de asumir esa tarea. Si se leen los argumentos que prodigan los gurús de la sociedad de libre mercado, a los que se ha vuelto a adherir un frente político caracterizado por un oposicionismo cerril y un oportunismo desvergonzado, se advertirá que los profetas de las políticas neoliberales que hundieran al país en el infierno del desempleo y generaran la destrucción del tejido social, no han variado un ápice sus teorías. Y eso a pesar de la constatación universal del carácter engañoso de estas, que han llevado al mundo, incluso al mundo desarrollado, al filo de un abismo no menos profundo que el de la crisis de 1929.

Yendo contra la evidencia de lo que atestiguan los acontecimientos de los últimos meses, los editoriales de los monopolios mediáticos de Argentina mascullan, con pertinacia, el viejo verso de la inutilidad y hasta de la nocividad de la ingerencia estatal en la actividad económica. De la ingerencia dirigida a controlar los abusos de la libre empresa, claro; de ninguna manera de la orientada a darle mano libre y a despejar su camino de obstáculos saboteando y vaciando por dentro a las empresas del Estado. Estas, en nuestro país, fueron madre de industrias y abordaron políticas estructurales que requerían a veces de inversiones no redituables en gran escala, pero que fortalecían al país y le abrían una perspectiva que, de haber sido sostenida en el tiempo, lo hubiera parado como una potencia industrial en Sudamérica.

Hemos perdido demasiado tiempo para convertirnos en un equivalente del Brasil moderno, que ha tomado nuestro relevo como país líder de América latina. De hecho, el peso demográfico y la continuidad de la política exterior brasileña hubieran preponderado a la larga sobre nuestra base poblacional más débil; pero de haber seguido la Argentina la tónica industrialista y latinoamericanista delineada en los primeros gobiernos de Perón, el país se encontraría en una posición mucho más fuerte y en capacidad de compatibilizar políticas con el vecino brasileño en condiciones mucho más equitativas que las que existen actualmente.

Con todo, nunca es tarde cuando la dicha es buena y, a pesar de la condición renqueante que nos aflige, es perfectamente posible reconstruir una Argentina que gravite en el conjunto de las naciones y que pueda constituir, junto con Brasil, con Venezuela y con el conjunto de Sudamérica, un polo de progreso capaz de mantenerse en pie en base a políticas autónomas en un mundo donde las recetas que aun hoy aplauden nuestros economistas “ortodoxos” han revelado su insanable nulidad.

Para esto, sin embargo, hace falta coraje, imaginación y sentido de la historia. Es decir, sentido de la grandeza. El modelo neoliberal que acaba de fracturarse proponía y de hecho obtuvo, una enorme concentración del ingreso a nivel nacional e internacional. A través de la presión política y del aprovechamiento perverso de las innovaciones tecnológicas que permitían ahorrar mano de obra, se verificó un doble proceso de destrucción, cuyos componentes se retroalimentaron entre sí: el vaciamiento ideológico y la destrucción del empleo. Esto último destruyó la capacidad de la demanda –paradójicamente en un sistema que requería de esta para mantener sus engranajes en movimiento-, pero consintió un enorme aumento en los excedentes financieros, dando así al traste con los supuestos del Estado de Bienestar y permitiendo al sistema capitalista cumplir con su principio fundante: la maximización de la ganancia, caiga quien caiga. Era, es, una política suicida, coherente con la naturaleza del capitalismo, que avanza de crisis en crisis. Pero ahora –en realidad desde hace mucho tiempo atrás, desde que el capitalismo puso en evidencia su carácter mortífero y catastrófico en el período de las guerras mundiales-, el sistema no parece estar en condiciones de salir del desastre que él mismo ha generado. Si bien la caída del bloque socialista pudo por un momento dar la impresión de que el terreno de había despejado y que “la historia se había acabado”, la crisis actual pone de relieve que el capitalismo -paradójicamente en especial cuando carece de enemigos de su talla-, es incapaz de controlar su propio desorden.

Los descomunales paquetes de ayuda que los gobiernos centrales están volcando sobre las entidades financieras para ayudarlas a evadir la quiebra (de pronto el Estado se ha convertido en un ente necesario para quienes pretendían reducirlo a su mínima expresión) semejan a la aplicación de sinapismos para combatir el cáncer. Barack Obama se ha indignado por la atribución de una parte sustantiva de esas ayudas a las compensaciones indemnizatorias que reciben los principales directivos de las empresas financieras. Pero, ¿qué se podía esperar de unas dirigencias que en vez de aprovechar la expansión de la capacidad productiva mundial –que consentiría arreglar los principales asuntos que afligen al mundo- prefirieron volcar sus dividendos en la inflación de la burbuja especulativa y en la multiplicación de los gastos militares que permiten forjarse la ilusión de que es posible mantener el estatu quo de una situación insostenible? La inversión se hace cada vez más suntuaria: todo va a favorecer la hinchazón de los bolsillos de los sectores del privilegio y a sostener el aparato más lujoso de todos, el complejo militar-industrial. 500 o 600 bases norteamericanas repartidas en todo el mundo y un presupuesto militar que sólo en Estados Unidos ronda los 600 o 700 mil millones de dólares, dan la prueba de esta locura, que da cuenta de que el sistema tiende a encerrarse cada vez más sobre sí mismo y que está decidido a defender, con uñas y dientes, el curso que ha asumido.

En la situación actual, en Argentina como en otras partes, el Estado debería involucrarse directamente en la producción de bienes y servicios y en la generación de empleo. La cuestión no pasa por la creación de estímulos bancarios que consientan a la empresa privada recuperar su tonicidad, dado que el manejo de esos fondos queda en manos de unas entidades de crédito a las que el desarrollo estructural les importa un pito y que lo que buscan es seguir gozando del banquete que se dieran durante tres décadas, sino de remediar las carencias históricas de nuestra oligarquía y nuestra burguesía: el país cuenta, más allá de la faramalla y la chapucería de gran parte de la clase política y de los conglomerados mediáticos, con cuadros técnicamente muy cualificados, honestos y predispuestos a servir desinteresadamente. Y por debajo hay una masa desconcertada por las traiciones de que ha sido objeto, pero oscuramente impregnada de un sentido de grandeza. La única manera de levantar las acciones del país es poner en contacto a estas con aquellas.

El Estado, una vez más, es el sólo instrumento eficiente para lograr esta conjunción. El problema consiste en que nadie parece disponer de la inteligencia y la decisión que son necesarios para generar este círculo virtuoso. La oposición está en la pavada y el gobierno es tímido. Pero en la medida en que la crisis mundial apriete, los sectores más lúcidos de este último habrán de hacer las cuentas con la situación. Los primeros síntomas de este despertar se están advirtiendo ahora. La reestatización del Área Material Córdoba, así como la renacionalización de Aerolíneas y la recuperación del poder de gestión de los capitales apropiados por las AFJP son signos en este sentido. Pero, por ahora, son signos nada más.

Cuidado, entonces. En la medida en que no exista una comprensión estratégica del problema y una decisión de atacarlo en sus raíces, se puede caer en la trampa del sistema, que consiste en aprovechar la crisis para deprimir más el empleo, apropiarse de más plusvalía y seguir en sus trece. Es un proyecto suicida, desde luego, pero en tanto y en cuanto no exista un proyecto alternativo, tiene no pocas probabilidades de arrastrarnos a todos al abismo. Sólo una decisión férrea de no consentir esa deriva puede corregirla. Hay expedientes para hacerlo. Desde medidas tácticas, como la suspensión de los despidos por dos años y un aumento de emergencia para los salarios y jubilaciones, hasta iniciativas estratégicas que vayan desde la sustitución de importaciones, a la multiplicación de las obras públicas y a la socialización de la banca, el transporte y el comercio exterior, todo acompañado por una reforma fiscal progresiva, con el objeto de conseguir el desarrollo estructural del país. Desarrollo ralentizado, e incluso detenido en algunas áreas, desde hace medio siglo.

Naturalmente, dada la catadura de las fuerzas que se enfrentarían a este proyecto, el mismo no se va a poder conseguir sin una firmeza y hasta una dureza que no van a tener buena prensa y van a ser atacados como expresivos de una arbitrariedad autoritaria. Y de ahí en más se podría esperar cualquier cosa. Sólo con la convocatoria al pueblo y con una explicación medulosa del eventual proyecto podría ponerse a este en la catapulta de partida.