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El país vive sumido en la incertidumbre”. Este es el caballito de batalla de una oposición que exhibe una línea argumental que va desde el tema la inseguridad asumido como referente absoluto de una dramática indefensión colectiva frente al delito, a la puesta en escena de un conflicto campestre al que se presenta como cardinal para el futuro del país. Argentina ha sido siempre un país agrario, nos dicen; lo que implícitamente significa que no tiene destino industrial. Esta tesis es simplista, deviene de una interpretación deformada de nuestra historia y no refleja en absoluto la proporción que en la composición del PIB tienen los sectores involucrados en la producción. Para imponer esta versión, sin embargo, el monopolio mediático y el rejunte de fuerzas opositoras al actual gobierno levantan una enorme polvareda, que trata –con bastante éxito, en apariencia- de arrojar arena a los ojos del público, cosa de conseguir un resultado en las próximas elecciones legislativas que revierta la ya tambaleante mayoría que posee el kirchnerismo en el Congreso.

Convengamos en que la incertidumbre existe. Pero ella no nace tanto de los factores que se mencionan sino del afán conspirativo que imbuye a los sectores del establishment que se sienten descontentos con la tímida reorientación nacional que el Ejecutivo ha venido realizando a partir del catastrófico hundimiento de proyecto neoliberal. Este último, que retrotrajo el país a la dependencia absoluta del extranjero, no se implantó ni siquiera para restituir las condiciones de la semicolonia privilegiada que Argentina era en la época del primer Centenario, sino para forzar el desguace del país, arrojando a partes sustanciales de su población a la marginalia social a fin de permitir una concentración desmedida de la riqueza.

Dicho sea de paso, la destrucción del empleo que ese procedimiento trajo aparejado es el dato fundante de la inseguridad actual que padece la Argentina. Los políticos opositores y los loros parlantes del universo mediático no parecen anoticiarse de este hecho y dibujan un escenario apocalíptico que parece caído de la nada o que –eventualmente- ha surgido como consecuencia del “garantismo” legalista que imbuyó a los sectores progresistas tras los excesos de la dictadura. De la destrucción del tejido social por esta y por los sucesivos gobiernos democráticos que se instalaron en su estela, no dicen ni una palabra.

Ahora bien, el kirchnerismo, por su lado, no parece muy determinado a plantear y, eventualmente, a sostener, un modelo distinto de país. Es verdad, ha tenido muchas iniciativas buenas y por las que se le debe brindar apoyo. La reorganización del poder judicial, la nacionalización de las AFJP, el salvataje de Aerolíneas, la recuperación parcial del empleo (ahora amenazada por la crisis mundial), la movilidad en las asignaciones que perciben los jubilados, una política exterior que mira a América latina y que evita el seguidismo mecánico de las “relaciones carnales” con Estados Unidos, son todos aportes meritorios.

Pero son conquistas periféricas; falta asaltar el núcleo duro del sistema a través de una serie de medidas que contemplen la reforma fiscal y, en parte a través de ella, la conformación del país en una estructura articulada que se apoye en la red vial, ferroviaria y aérea, en una industrialización dinámica y dirigida; en una ley de radiodifusión que combata la concentración monopólica y el discurso único y, por fin, en una potenciación de las industrias para la defensa que forme parte de un plan de recuperación de las instituciones militares, hoy sumidas en el desprestigio y el abandono.

El gobierno no inspira confianza respecto de su decisión encarar esta lucha, que podría definir, empero, un modelo de país distinto del que tenemos actualmente. En primer lugar porque ha perdido demasiado tiempo en plantear esa batalla, a la que accedería, aparentemente, sólo si se ve forzado a ello y sin una resolución clara en el sentido de combatirla a fondo.

Cuáles son las razones que explican esta renuencia no pueden conocerse con exactitud. ¿Debilidad, temor, complicidades? ¿Inepcia política del ex presidente, que se especializa en hacerse enemigos debido a un autoritarismo que carece, precisamente, de autoridad? ¿Incapacidad para comprender que esta última sólo puede surgir de un proyecto preciso que tome en cuenta el carácter variable de las relaciones de fuerza que existen en el país? ¿Desaprovechamiento del mejor momento de que dispuso para imponer una efectiva reforma, cuando el sistema estaba debilitado por la catástrofe del anterior modelo? Es posible. Pero, ¿no se podría vincular esta peculiaridad hesitante también a una especie de fatalidad histórica argentina, connotada por la falta de voluntad para jugar la partida decisiva en una situación crítica, cuando se tienen sin embargo las cartas para hacerlo?

¿Escabullir el bulto?

Si miramos hacia atrás esta disposición a renunciar a la lucha cuando se está en condiciones de ganarla ha sido característica de muchas instancias críticas de nuestro pasado. Ninguna más desastrosa, quizá, que la protagonizada por Perón en 1955, cuando renunció a derrotar el intento golpista de la Marina y de los sectores más reaccionarios del Ejército, a pesar de que tenía el poder suficiente para hacerlo. El argumento que invocó –no sumir a la Argentina en la guerra civil- puede haber sido sincero, pero, como lo que vino después lo demostró, resultó absolutamente nocivo. La democratización paulatina de la sociedad argentina, que consentía a los sectores mayoritarios proyectarse al gobierno casi por primera vez desde la Independencia, sufrió un brusco corte. En las décadas que siguieron el país dispuso de una democracia renga, en el mejor de los casos, o sometido a la férula de gobiernos dictatoriales, y fue guiado a una abdicación gradual de sus pretensiones autárquicas en materia económica, ajustándoselo a un modelo dependiente en el cual perdió toda iniciativa autónoma y se separó de cualquier proyecto continental. Salvo en el caso de la práctica de una represión coordinada entre las dictaduras del Cono Sur, dirigida a aniquilar a los brotes subversivos, en ocasión de la Operación Cóndor. El costo a largo plazo de esa renuncia en 1955 a luchar fue muchísimo más alto que el que podría haber arrojado suprimir la insurrección a costa, sin duda, de algunas bajas y de cierto grado destrucción, pues los jefes de la Flota comandada por el almirante Rojas habían proclamado su decisión de destruir la valiosa refinería de petróleo en La Plata y ya habían bombardeado los reservorios de combustible en Mar del Plata.

Esa disposición a destruir bienes del pueblo argentino y el antecedente del salvaje bombardeo a la Plaza de Mayo deberían haber servido, sin embargo, no como argumentos para renunciar a la lucha sino como estímulo para ella. ¿Qué podía esperarse de un enemigo de esa laya? ¿Qué sentido tenía abandonar al pueblo en sus manos?

La historia argentina se encuentra, sin embargo, salpicada de situaciones parecidas, en las que en el momento preciso en que puede alcanzarse la victoria y propinar una derrota decisiva al enemigo, los jefes del bando popular retroceden, vacilan o defeccionan. El caso del gobierno de Irigoyen en 1930, que tampoco suprimió un golpe oligárquico al que podía sofocar sin ningún problema, no puede ser atribuido exclusivamente a la responsabilidad de aquel presidente, pues este se encontraba enfermo y fuera de condiciones de ejercer plenamente su autoridad; pero su partido podría haberlo hecho. Por otra parte, la misma elección que Irigoyen hizo poco después, situando a Marcelo T. de Alvear al frente del radicalismo como su eventual sucesor, dijo mucho acerca de la escasa disposición a batir al sistema y sobre la elección de una línea acuerdista con este que había de desembocar –con la excepción de FORJA- en una animosidad irreversible contra el movimiento nacional que sucedió al radicalismo.

Una historia de defecciones

En el siglo XIX, sin embargo, se produjeron episodios similares y más graves, durante los años de las luchas que llevaron a la organización nacional. Rosas no presentó una resistencia decidida en Caseros y, en Pavón, Urquiza convirtió una victoria federal en derrota al retirarse del campo de batalla.

¿Qué factor incide para determinar esta sucesión de defecciones? En el caso de los episodios del siglo XIX la explicación ha sido suministrada por las corrientes revisionistas de la historia nacional (1), que supieron percibir la forma en que los intereses de Buenos Aires, enfrentados a los del interior, encontraron una brecha para introducir la discordia en el frente provinciano gracias al papel ambiguo de las provincias del Litoral. Estas divergían con Buenos Aires porque esta monopolizaba el Puerto y cerraba los ríos interiores al comercio internacional; pero no dejaban de sentirse próximas a un proyecto agroganadero que poco tenía que ver con espíritu federal nacionalista de las provincias mediterráneas. Ahora bien, estas podían ser el refugio de las tendencias más arraigadas a la tierra, pero carecían de recursos para luchar solas contra el poder porteño y sólo podían hacerlo si contaban con el apoyo litoraleño. Buenos Aires contaba, gracias a su monopolio de la Aduana, con recursos suficientes para comprar voluntades entre los caudillos entrerrianos o santafesinos y aprovechar sus apetitos particulares para quebrar el proyecto nacional acaudillado por Artigas en los primeros años de la Independencia. No es casual que la historia del federalismo del Litoral esté salpicada de episodios de traiciones y de ajustes de cuentas. Ramírez traiciona a Artigas, y Estanislao López liquida a Ramírez con una mano, mientras que con la otra mueve los hilos que acabarían con la vida del general Quiroga. En cuanto a Urquiza es bien conocida su defección en Pavón y su posterior actitud ambivalente ante los movimientos de Felipe Varela, Sáa y Simón Luengo, que podrían haberle brindado la ocasión de alterar el equilibrio de poderes en el Plata jugándose a favor de las revoluciones del interior.

Pero las estancias, el Palacio San José y el ganado representan un lastre suntuario que termina convirtiéndose en el factor decisivo para el doble abandono que cumple: el del Paraguay, a cuya destrucción por la Triple Alianza pudo oponerse, y el de la revolución interior que intentó aprovechar la indignación popular generada por ese episodio y el compromiso militar del ejército de línea en la guerra del Chaco, para revertir la preponderancia porteña. El comportamiento ambivalente de Urquiza, determinado por una evaluación oportunista de los hechos y por algo muy parecido al cinismo, le costaría la vida en ocasión de la última rebelión montonera argentina, la de López Jordán.

La forma en que se manifestaron las relaciones de fuerza en la época de la organización nacional dice mucho sobre el proyecto sobremanera limitado de los grupos dirigentes que estaban mejor provistos económicamente. Y sobre la incapacidad de estos para concebir una nación que se erigiera como un todo bien articulado. Dice mucho, también, sobre el carácter elusivo de las figuras más poderosas de la facción federal y sobre su proclividad renunciataria. Rosas mismo no tuvo una concepción del país que rebasara los límites prefijados por los intereses de la burguesía comercial porteña y de los ganaderos de la provincia de Buenos Aires, prefiriendo el eclipse político a la organización de la patria a partir de la distribución de la renta del Puerto, cosa esta última que lo hubiera parado en mejor posición frente al Imperio brasileño y hubiera cancelado el alzamiento de Urquiza contra el poder central.

La impronta psicológica que dejó esta historia de traiciones se prolonga hasta el presente. ¿Qué decir de la guerra de Malvinas, lanzada por el gobierno militar de Galtieri a partir de un errado cálculo político y tras la cual sus promotores escondieron a los combatientes que volvían al continente tras brindar lo mejor de sí mismos en un conflicto desigual? Este escamoteo fue repetido y hasta agudizado por los gobiernos democráticos y por los sectores “progresistas” que vinieron después. (2) La “desmalvinización” se convirtió en una palabra clave. Lejos de aprovechar ese episodio para fundar una política dirigida a la afirmación de la capacidad de defensa de la nación, esos grupos lo usaron para promover un derrotismo que remachaba las cadenas de una representación dependiente de la Argentina en el mundo.

La afirmación de una identidad nacional argentina y latinoamericana requiere comprender las sinuosidades de este desarrollo. La única fuerza, hasta ahora, que ha sido capaz de mantener un curso imperturbable en su accionar y de imponer sus razones a un conjunto social al que no representa, ha sido un establishment cuya fuerza se funda en su colusión con el interés externo. Una y otra vez ese conjunto de intereses a los que se suele englobar –un poco abusivamente- bajo el nombre de oligarquía, ha maniobrado de manera implacable para retener al país enfeudado a su propio privilegio. Ha sabido negociar, pero ha sabido comprar o reprimir muchas de las voluntades que pretendieron oponerse a su predominio. Esto no tiene por qué ser indefinidamente así. El crecimiento de las fuerzas productivas, el influjo de las crisis internacionales, que desarticulan el esquema de poder global al que está asociada, brindan oportunidades para cambiar alterar el curso de las cosas. La cuestión consiste, sin embargo, en generar una fuerza nacional que sea lo suficientemente sólida y coherente dentro de una diversidad democrática de pareceres, para introducir un proyecto diferente. Pero esto a su vez no cae de la nada. Sólo puede surgir de una voluntad de poder que esté decidida a jugarse el todo por el todo, de una reflexión crítica sobre nuestro pasado y de la conformación de un movimiento nacional que sea capaz de limpiarse de los lastres que acarrea el espíritu de campanario, reconociéndose en los datos de nuestra historia, cuya evolución encierra las claves para encarar el futuro.

(www.enriquelacolla.com)