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El nivel de insolencia del partido campestre, entendiendo por tal tanto a los grupos tradicionales que han determinado la dependencia del país, como a los chacareros enriquecidos con el comercio de granos y que se han convertido en el factor de presión más extremo contra el actual gobierno, está tocando puntos peligrosos. La Nación, diario de pulida expresión y elegancia, que se enorgullece de su moderación y su objetividad presunta, pero que expresa en el fondo los intereses más arraigados de la oligarquía y del conjunto de factores que hundieron al país en la catástrofe de los ’90, está dando lugar, como quien no quiere la cosa, a las expresiones más desorbitadas del gorilismo ambiente en los sectores del privilegio y en la mediocracia pequeño burguesa que se mueve en consonancia mecánica con el primero.

No se trata sólo del bombardeo continuo de una información sesgada en su intención. Este es, después de todo, un atributo de la libertad de empresa y si se lo ejerce ateniéndose a datos vinculados a la realidad se lo puede asumir como un hecho más del acontecer político. En todo caso, se puede deplorar la inexistencia de voces capaces de replicar a esa agresión con la contundencia intelectual que corresponde.

Pero en la edición electrónica del matutino porteño de ayer, cupo observar un detalle, apenas una frase, contrabandeada bajo el manto de testimonio del lector, que es inadmisible y que debería acarrear al diario que le ha hecho lugar un proceso en debida forma. Desde luego, la coartada jurídica contra este procedimiento figura en la advertencia que encabeza el apartado dedicado a los comentarios de los lectores, y que reproduzco a continuación:

“Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de los autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Aquel usuario que incluya en sus mensajes algún comentario violatorio del reglamento será eliminado e inhabilitado para volver a comentar”.

Pero, ¿autoriza esto la reproducción de las líneas que acarrean esas violaciones? ¿No hay una supervisión previa a la publicación del mensaje? Es como si dijéramos que Fulano de Tal es libre de cometer un crimen aunque, después de consumado este no podrá volver a intentarlo. Lo que, en el caso de la prensa escrita, implica que bien puede volver a hacerlo bajo otro nombre. Pero sobre todo las palabras, una vez lanzadas al espacio público, se abren camino como una espada e infieren heridas que no siempre pueden ser curadas.

¿Cuál es el comentario al que nos referimos? Uno que figura al final de las observaciones de los lectores que se indignan a propósito de la posibilidad de que el gobierno se apreste a estatizar todo el comercio de granos a través de un decreto de necesidad y urgencia. Dice el lector que firma Leonardo Martini: “Con dos balas bien utilizadas, comenzaría el principio de la solución”.

Estas palabras pueden sonar, en un círculo de amigos, como una broma de mal gusto pero, en las páginas de un diario de primer nivel, aunque sean expuestas en un lugar secundario, representan lisa y llanamente una incitación al magnicidio. Pues todos sabemos a quienes estarían dirigidos los proyectiles en cuestión.

Se está perdiendo la línea. Se está cayendo en la estupidez programática. Se está violando el decoro político y se están removiendo a los espectros de lo más detestable de la vida argentina contemporánea. Quienes tenemos años y memoria nos acordamos bien de la histeria antiperonista del ’55 y el ’56, para no hablar de los desarrollos catastróficos de lo que sucedió desde 1976 al 2002.

¿Y todo esto para qué? ¿Para volver a las recetas del universo neoliberal que hoy se despintan por todos lados? ¿Para recuperar un modelo que nos hundió en la ruina? ¿Para alentar la persistencia en el enriquecimiento de unos pocos en detrimento de la miseria de los muchos? ¿Para la expresión insolidaria del qualunquismo chacarero del “me ne frega” mientras se cierran las fábricas?

Ojalá el gobierno determinara la nacionalización de las exportaciones de granos y volviera al IAPI, al Instituto Argentino de Promoción del Intercambio, que tanto ayudó a desarrollar al país durante las primeras presidencias de Perón. Pero utilizar esa posibilidad tan solo como instrumento de presión para acomodar una negociación no es suficiente, a la luz de lo que está aconteciendo en el mundo. En primer lugar porque, de ser así, perdería su eficacia disuasiva. Debe existir una voluntad política detrás de toda proclamación de la necesidad de un cambio, para que el cambio sea efectivo… y para que quienes podrían verse afectados por la medida comprendieran que la cosa va en serio y se allanasen a las razones de interés superior que deben conducir los destinos de un país.

El problema es que nadie cree demasiado en la voluntad del gobierno para operar las reformas necesarias. Se ha avanzado mucho –la recuperación de Aerolíneas, la de los aportes previsionales a través de la estatización de las AFJP, que propinó un golpe muy duro al poder financiero; se está llevando a cabo una política exterior coherente, que contribuyó a frenar el ALCA y a disolver el golpe contra Evo Morales en Bolivia-, pero siguen faltando cosas fundamentales. Una de ellas sería la estatización del comercio de granos, precisamente. Y que no nos vengan con el chiste de que al hacerlo con un decreto de necesidad y urgencia se estarían violando las prerrogativas de la Legislatura. Pocos protestaron cuando Menem puso de cabeza al país con sus políticas devastadoras a través de ese mismo método.

Ahora, al revés de lo que ocurría entonces, sí nos encontramos ante una real situación de emergencia que no tolera dilaciones. La persistencia en el disparate sojero está destruyendo al campo argentino sin proveer empleo y sin reinversión efectiva de sus enormes ganancias en la promoción de un modelo industrial. Este procuraría un empleo masivo y permitiría realizar mucho más que la inversión (en definitiva suntuaria y de duración acotada) volcada a la construcción de inmuebles. Frenaría además la fuga de capitales al exterior.

La potenciación de nuestras infraestructuras es el dato básico para salir de la crisis nacional y para ponerse en condiciones de afrontar la crisis mundial.

Para ello hace falta, entre otras cosas, la promoción de una nueva ley de radiodifusión que sea capaz de crear las oportunidades para contrabatir el discurso monocorde de la prensa del sistema. El caso que acabamos de mencionar es un ejemplo más que palpable de esa necesidad.