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La rebelión de un sector del campo contra el grueso de la sociedad, puesta de manifiesto por las concentraciones de esta semana, es expresiva de un viejo problema argentino: la irreductible hostilidad de la clase alta a toda redistribución del ingreso que remotamente afecte sus bolsillos, y a la inconsciencia y el seguidismo de un buen sector del medio pelo porteño y de los productores rurales medianos, incapaces de diferenciar sus intereses de los de la Sociedad Rural y atentos sobre todo a los réditos que deducen de unas explotaciones que representan una escasa o nula inversión tecnológica y que, amén de no concentrar mano de obra, suponen un grave peligro ecológico que, si no es atendido con cuidado a través de la necesaria rotación de los cultivos, arriesga destruir la feracidad de nuestro suelo.
El papel de estos sectores es servir de ariete seudo popular para exteriorizar una protesta que, en el fondo, deviene del modelo sistémico impuesto por el neoliberalismo, que a partir de 1976 barrió con la mitad de los productores agropecuarios, permitiendo la recuperación, por la oligarquía y las transnacionales, de inmensas cantidades de terrenos, que antes habían sido un modelo de producción de alimentos, “para reemplazarlos por un modelo factoría productor de forrajes baratos para la exportación”, como expresa la declaración del Movimiento de Campesinos de Santiago del Estero. Que este “detalle” no haya sido asimilado por los productores de la Federación Agraria dice mucho de la miopía a que induce la ignorancia de la historia.
No voy a solidarizarme a pleno con el gobierno, que ha dejado tantos frentes abiertos por su inhabilidad para atender a los reclamos de los pequeños productores y por su actitud de dejar hacer ante la exteriorización de las protestas ilegales que comenzaron con los cortes de ruta protagonizados por los piqueteros “paquetes” de Gualeguaychú; pero el aumento parcial de las retenciones es parte de un intento –positivo– para desalentar el monocultivo de la soja transgénica forrajera.
Ambigüedad
El problema reside, sin embargo, en la ambigüedad de la política estatal, que no termina de romper con el modelo neoliberal que asignó a la Argentina un papel de proveedor de alimentos de baja calidad explotados por los lobbies transnacionales y terratenientes. Esa política no se determina a transferir parte de la riqueza generada por ese diseño productivo primario a la construcción de un país integrado y basado en la tecnificación y diversificación del campo y en la recreación y potenciación de la industria nacional, la única que puede terminar con el desempleo y poner al país en un pie de igualdad tecnológica con los países desarrollados del mundo.
Es difícil que una actitud semejante sea asumida por el gobierno, sin embargo, debido a una ambivalencia ética que le permite hacer coincidir, por ejemplo, la entrega de los yacimientos de la cuenca del Golfo de San Jorge, en Santa Cruz, con un discurso nacionalista que nunca termina de encarnarse en actos y en programas que pongan las cosas en claro; que diseñe un proyecto nacional y que designe a los enemigos de este.
Sin embargo, creo que en este momento es importante recalcar que, pese a sus defectos, el gobierno de Cristina Fernández está consagrado por una abrumadora mayoría electoral, que se configura como la única autoridad nacional legítima y que el Estado debe hacerse respetar frente a las fuerzas que, de una u otra manera, han encarnado el proyecto neoliberal repudiado por la masa del país. La cabeza política más visible de la oposición parece estar dispuesta sin embargo a recabar el apoyo de los más distinguidos personeros de ese proyecto. Resulta chocante, en efecto, que Elisa Carrió, autoerigida en arquetipo de la autoridad moral en el país, pueda asociarse a nombres como los de Mauricio Macri y Ricardo López Murphy, expresivos de ese modelo, y suscite además las simpatías del menemismo y el cavallismo...
Estamos en presencia de un intento de desestabilizar la situación política que puede estar dirigido, inclusive, al derrocamiento del gobierno. Muchos de los participantes de la manifestación nocturna del martes pasado, hasta cierto punto orquestada por la televisión privada, deben haber pensado en reeditar la pueblada del 19 de diciembre de 2001. No toman en cuenta, sin embargo, que por entonces se estaba en un país envuelto en una auténtica crisis, mientras que hoy esta es artificial y determinada por un lock out patronal derivado del apetito por una mayor apropiación de las ganancias. La diferencia es esencial y pone un límite a la protesta. Esta sólo podrá prosperar si el gobierno nacional depone sus responsabilidades y no articula una respuesta. Es hora de que la encuentre.