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Con el dólar disparado, con la justicia enfangada e infiltrada por los servicios, y con la ausencia de cualquier proyecto de país que no sea el que repropone su papel de exportador primario asentado en una economía abocada a la timba financiera, el gobierno de Cambiemos encara los últimos meses de gestión de cara a las elecciones presidenciales de octubre. Pese a la brutal retracción del nivel de vida de vastos sectores y a una creciente impopularidad, conserva todavía un núcleo duro de votantes sobre el que deposita su esperanza. A estos potenciales respaldos, sin embargo, parece unirlos “más que el amor, el espanto”, como diría Borges. El horror o mejor dicho la molestia de piel, el asco y la hipersensibilidad que algunos sectores de clase media y alta experimentan respecto al peronismo o, en general, hacia cualquier fórmula política y social que tome o diga tomar en cuenta los intereses de una mayoría constituida en gran proporción por gente de coloración subida, es lo que suele estar en el meollo psicológico de la masa de maniobra a la que el establishment manipula para dotar de un contorno popular a sus propuestas. La fórmula por primera vez dio un resultado favorable en las elecciones de noviembre de 2015, permitiendo a Cambiemos configurar un asalto al poder que por una vez no requirió del apoyo de los tanques en la calle ni el bombardeo de la Plaza de Mayo.

No fue todo mérito propio. El exceso de confianza, la frivolidad, la arbitrariedad y cierta dosis de irresponsabilidad de parte del bando derrotado hicieron lo suyo para propiciar el triunfo de Cambiemos. Esas fallas hubieron de ponerse aún más de manifiesto después de la derrota, cuando las grietas del bando hasta entonces oficialista empezaron a evidenciarse por la exposición a la intemperie. Los personalismos, las broncas soterradas, el temor a los carpetazos y la huella de la catastrófica fractura entre el ala política y el ala sindical del peronismo quedaron a la luz. Esto significó la inoperancia de la oposición frente al alud de disposiciones dirigidas a demoler no sólo lo construido en los 12 años posteriores al derrumbe neoliberal de 2001-2002, sino también a los remanentes de ese estado de bienestar que el movimiento había construido en sus orígenes y que mal que bien perduró hasta 2016. La destrucción no se ha completado del todo aún, razón por la cual, a pesar de los estragos producidos por esta gestión, la próxima elección es decisiva no sólo para comenzar a sacar a la Argentina en el pantano en el que deliberadamente hemos sido sumidos, sino para frenar la carrera al abismo que nos lleva al eclipse de la identidad nacional y a la reducción del país al rol de comparsa del imperialismo en su empresa de convertir a Latinoamérica, de una vez para siempre, en el “patio trasero”. O en lo que, de manera más insultante todavía, algunos han empezado a denominar “la puerta de atrás”.

Es importante, en consecuencia, desarmar los argumentos con los que el sistema apunta para fabricar un “sentido común” que sirve para distraer del fondo de la cuestión a los sectores socialmente determinados por el individualismo del pequeño burgués. Este suele creer a pies juntillas en la “meritocracia” y da por sentado siempre que su pequeño éxito (incluso cuando este ya ha sido sobrepasado por las circunstancias y es cosa del pasado) le corresponde exclusivamente a él, como persona, sin que el gobierno, las condiciones económicas generales y el tenor de la sociedad y sus luchas hayan tenido nada que ver.

Como parte de una mecánica comunicacional muy aceitada, por estos días han comenzado a circular videos que muestran a (presuntos) castigados pequeños productores o jubilados encarar con entereza su situación e incluso a aceptarla estoicamente diciendo que es inevitable porque el país vivía por encima de sus recursos y que ahora hay que hacer los sacrificios necesarios para sobrellevar la situación. “¡La culpa es de nosotros, los argentinos!” dice uno de estos masoquistas aleccionados por Durán Barba.  Junto a estas confesiones, el presidente Macri se encarga de instalar el lema capaz de abarcar a todos estos despropósitos: “Lo que tenemos que hacer es resolver estos problemas que arrastramos desde hace setenta años y que se agravaron con el gobierno anterior”. Ya está, ya tenemos el motivo conductor de la próxima campaña: los 70 años de peronismo.

¿Qué 70 años?

Al jefe de gobierno  y a sus asesores no les preocupa la verdad: vivimos en la era de las “fake news”, de la posverdad. Mentir y seguir mintiendo de forma atronadora gracias al dominio de los oligopolios de la comunicación permite que cualquier disparate que no resiste el análisis, se impregne de una pátina de veracidad para los grandes conglomerados a los que se ha desacostumbrado a pensar y que perciben la realidad con unas antenas descalibradas por la continua recepción del discurso único y de la basura mediática. Sin embargo, no todo el público se equivoca todas las veces y, en cualquier caso, la experiencia de la vida diaria, cada vez más dura, suele predisponer su sensibilidad a la recepción de un contradiscurso que lo alerte respecto de los despropósitos que tan sueltos de cuerpo le sirven los dueños de todo.  

Los 70 años de peronismo, dicen… Pero si se trata de 70 años, un simple cálculo matemático nos sitúa en 1949. Y cuántas cosas pasaron desde entonces. Una es evidente. En los 70, o 74 años que corren desde el 17 de octubre de 1945 para acá, los períodos en que el peronismo o mejor dicho las políticas que suelen identificarse con el “populismo” de raigambre peronista, han ocupado el gobierno por lapsos mucho más breves que los que ocupó el sistema de democracia vigilada o de dictadura pura y simple, siempre orientados a la represión de la voluntad popular, a la economía liberal y al recorte cuando no fue posible la abolición, de todos los beneficios que obtuvieran las mayorías. En su lugar, cada uno de esos gobiernos aplicó, en la medida en que las circunstancias lo hicieron posible, las recetas del liberalismo económico y la concepción originaria sobre la que se forjó la Argentina oligárquica: exportación de productos primarios, apertura de importaciones, desregulación del mercado cambiario, libre campo a la especulación financiera, hostilidad hacia la producción nacional –salvo que una circunstancia excepcional de carácter externo como la Gran Depresión o las guerras mundiales impusiese un cierto grado de sustitución de importaciones-, y ajuste mecánico de la política exterior de la nación a la política imperial de los mercados.

Tras nueve años de gobierno, el primer peronismo fue sangrientamente desalojado del poder en 1955. ¿Qué otro período volvió a ver en la Casa Rosada un modelo de gestión dirigido a conseguir una sociedad de bienestar o al menos a una donde contara, como factor predominante del accionar gubernamental, el esfuerzo por armonizar las contradicciones sociales en el marco de una política exterior que tomase en cuenta el contexto geopolítico de América latina? Sin duda hubo errores, algunos de magnitud monumental, y vicios recurrentes que pusieron y ponen en evidencia la necesidad de que el movimiento nacional se renueve y ascienda a una cota más alta -pues, como decíamos antes, las derrotas no son imputables solamente a la acción del enemigo sino también a las propias limitaciones-; pero el hecho subsiste de que no bien producida la fractura de septiembre de 1955 el llamado “populismo” tuvo muy pocas ocasiones para volver por sus fueros.

Terminada la “revolución fusiladora” del 55 y 56, con el peronismo proscrito, el Dr. Arturo Frondizi –exponente del sector del radicalismo que intentaba recuperar su tradición popular y desprenderse de su papel nefasto en el golpe-, elaboró un pacto con Perón que le permitió llegar a la presidencia por vía electoral, con un programa que reconocía los logros sociales del último gobierno legal y prometía proseguirlos y abrir el camino al retorno del caudillo popular. Frondizi no tardó en retroceder ante el acoso de los militares y contemporizar con el ala dura del establishment. Tiró por la ventana sus propuestas originales de corte desarrollista e industrialista y nombró al exponente del economicismo ortodoxo Álvaro Alsogaray como su ministro de economía. Este lanzó allá por 1960 la consigna de que “hay que pasar el invierno” para salir de los estragos causados por la demagogia peronista y a partir de ese momento esa recomendación, palabras más, palabras menos, se ha repetido incontables veces. Un ejemplo lo suministra el discurso del presidente Macri en la apertura de las sesiones del Congreso cuando, entre los énfasis de una energía actuada, exhortó a no desaprovechar el “esfuerzo” de estos años y a proseguir en la búsqueda de un equilibrio que (esto se cuidó muy bien de decirlo) su gobierno se encargó de demoler con la libre flotación del dólar y una reforma fiscal regresiva que impuso no bien llegó al poder, y cuya consecuencia inmediata fue la toma de una deuda externa pavorosa que lastra nuestro  futuro.  

Volviendo a los famosos “70 años” de supuesta demagogia, ¿cómo se los suma? Tras los nueve iniciales del peronismo, ¿qué se puede contabilizar como ejercicio de un gobierno popular? El gobierno de Arturo Illia, pese al perfil gandhiano de su jefe y a su carácter incorruptible, no puede definirse como tal en la medida en que siguió basándose en la proscripción del peronismo. Su lucha contra las compañías petroleras y contra los oligopolios farmacéuticos, que condujeron directamente a su caída, no excusan la inexistencia de un programa consistente de desarrollo y la orientación general de su política económica no se apartó de las normas. Baste decir que su principal mentor económico fue Eugenio Blanco, ministro de Hacienda y presidente del Banco Central durante la dictadura del general Pedro Eugenio Aramburu. Esto lo dejó en una situación de debilidad que fue explotada por las fuerzas armadas para volver al poder con un proyecto otra vez desfachatadamente liberal en lo económico. Luego vino el deterioro de la dictadura de Onganía, el creciente protagonismo de la clase obrera, el ascenso del inconformismo juvenil, su nacionalización precipitada pero sincera;  el deslumbramiento provocado por la revolución cubana y el brillo del Mayo francés. Se produjo una oleada de fondo en el país que, por fin, después del Cordobazo, puso en primer plano el retorno a las elecciones libres y a un gobierno popular a cuyo frente terminó quedando el general Perón, retornado del exilio con el respaldo de una gran mayoría y aceptado por la generalidad de las fuerzas políticas como una tabla de salvación en un país que gravitaba peligrosamente hacia el caos después de muchos años de desgobierno.

Pudo ser un momento de inflexión, pero duró muy poco.  Perón estaba viejo y enfermo. No bien murió, las tendencias centrífugas del peronismo hicieron explosión y abrieron el camino a la enésima restauración conservadora, la dictadura 1976-1983, que acabó como sabemos. Ya antes del golpe del 24 de marzo la orientación económica iniciada por Perón había sido brutalmente revertida con el “rodrigazo” y el copamiento del gobierno de la inexistente Isabel Perón por José López Rega. El golpe del 76 puso definitivamente al comando de las palancas económicas del país a José Alfredo Martínez de Hoz y a su banda palaciega, los más eficientes exponentes de nuestra “burguesía compradora”. Cuando esta experiencia terminó su curso, agotada por la devastación económica y por la derrota en Malvinas, lo que vino después ¿promovió una reorientación económica que retomase los postulados del industrialismo y la modernización tecnológica en un marco de equilibrio social?

Nada de eso. Raúl Alfonsín piloteó con tino la transición política, pero en materia económica su coraje se agotó a los pocos meses, con la salida de su primer ministro del ramo, Bernardo Grinspun, quien intentó desarmar la “bomba deudónica” pretendiendo auditar su origen, formar un club de países deudores para enfrentar al FMI  y fomentar un plan de sustitución de importaciones, pero que sucumbió a la presión del gobierno de  Estados Unidos y los acreedores. Ni esa partida pudo salvar al gobierno radical, que en 1989 dimitió antes de terminar su ejercicio, arrebatado por la hiperinflación. Su sucesor fue Carlos Menem, que utilizó el mandato que había recibido del pueblo para hacer exactamente lo contrario de lo que había dicho en la campaña e  inaugurar la liquidación del patrimonio estatal argentino (las joyas de la abuela), en una orgía de corrupción que torpedeó al peronismo desde dentro, convirtiéndolo en un caballo de Troya que estuvo en un tris de aniquilar al país. Ese desastre fue prorrogado por el gobierno del radical De la Rúa, hasta que en diciembre del 2001 el país dijo basta y un vómito nacional expulsó al neoliberalismo de la casa de gobierno.

Luego vinieron los 12 años de kirchnerismo. Adscrito a una línea de nacionalismo moderado y de procuración de un equilibrio social sus gobiernos pudieron ser legítimamente definidos como nacional populares. No vamos a ingresar en el catálogo de sus méritos o deméritos, pues otro es el propósito de este artículo. Pero esos doce años pueden, con un poco de buena voluntad, sumarse a los nueve del primer peronismo y  a los meses que ocupó Perón el poder antes de su muerte. En total, hablamos de 21 años. ¿Dónde están los 49 o 50 años restantes? Pues en el imaginario de la propaganda macrista. En realidad los 70 años de los que habla el discurso oficial fueron en su gran mayoría ocupados por el diktat de las políticas del “consenso de Washington” y del neoliberalismo. Fueron, y son, inclementes y feroces.

El país salido de la organización nacional posterior a Pavón conservó su vigencia hasta 1930, cuando la crisis mundial terminó con el sueño de seguir siendo la semicolonia privilegiada del imperio británico. La clase dominante argentina, que había degradado de la calificación de dirigente en 1880 a la de poseyente, rentística y suntuaria en los años 30 del siglo pasado, jamás pudo recuperarse del shock del destete. En realidad no se ha preocupado en hacerlo y se ha empeñado en restituirnos, cueste lo que cueste, a un país de bolsillo donde la renta alcanza para mantener a la mitad de la población actual. En vez de procurar los recursos y potenciar su capacidad productiva pareciera que prefiriera expulsarla a la marginalia social. Allí los desclasados pueden sobrevivir como ejército de reserva del trabajo –si este existe- o ser reprimidos para que se conformen a su rol supernumerario.

Terminemos con unos números para hacer el balance de los “70 años” de presunto despilfarro populista. Cuando la revolución “libertadora” tomó el poder en septiembre de 1955, la Argentina era un país acreedor y el Banco Central tenía 371 de dólares millones en reservas. Al terminar el gobierno de facto en 1958  la deuda externa era de 1.800 millones de dólares. Hoy ronda los 350.000 millones de dólares y esto a pesar de que Cambiemos recibió a un país desendeudado por Néstor Kirchner, gracias a lo cual pudo contraer los préstamos que hoy nos estrangulan y que según Infobae suman una deuda equivalente al 97,7 por ciento del Producto Interno Bruto (PBI)[i]. 

¿Hace falta decir algo más? 

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[i] Infobae, del viernes 8 de marzo de 2019.