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Es definitivo. Si al gobierno se lo deja seguir actuando como hasta aquí lo hace, el destino de nuestro país está sellado. Inútiles son los razonamientos, los llamados al buen sentido y a la tolerancia: no caben dudas de que la cerrazón con que se blinda el gobierno y de la cual el cercamiento de la Plaza de Mayo puede servir de símbolo, no es sino la expresión del mismo programa avasallador de la soberanía nacional y del interés popular que ostentaron todos los gobiernos de las diversas dictaduras que castigaron al país. Ahora, por el milagro de la transmutación –provisoria- de las balas por la propaganda mediática y el lavado de cerebro, el régimen (para rescatar la palabra utilizada por Irigoyen) lo está llevando adelante con la santificación que le otorgó la validación electoral de noviembre de 2015, pero con procedimientos que condenan al atraso, a la colonización y a la servidumbre de los muchos en beneficio de los pocos.

El acuerdo con el Fondo Monetario Internacional es el remache que viene a cerrar el proceso de renuncia a la soberanía interna y externa del país que comenzó en diciembre de ese año. La contrapartida del abultado préstamo del FMI (55.650 millones de dólares) no será sino un ajuste creciente, que pondrá en la cuerda floja a la vida de millones de argentinos y acabará, por vía de la recesión, la falta de crédito y la inflación asociada a la suba de un dólar que flotará libremente, a cualquier tipo de emprendimiento productivo, ya de por sí muy acotado por el libre flujo de las importaciones. La masa de dinero a ingresar por el FMI concurrirá simplemente a asegurar el repago de la deuda contraída por el actual gobierno debido al disparate fiscal de reducir o eliminar las retenciones al campo y la minería, a las que reemplazó con masivos préstamos externos que no sirvieron básicamente para otra cosa que para fugar capitales, en la enésima repetición de la bicicleta financiera a que los neoliberales nos tienen acostumbrados.

En este panorama el anuncio gubernamental que cancela la construcción de la cuarta central nuclear del país, Atucha III, viene a remachar el rumbo renunciatario, anti-industrialista y suicida que nos están obligando a tomar. La Argentina es un país líder en la utilización de la energía nuclear con fines pacíficos. El impulso dado por el gobierno del general Perón a esta industria madre de industrias conoció no pocos altibajos, pero se mantuvo en lo sustancial e incluso llegó, durante la dictadura del Proceso, a completar el ciclo del enriquecimiento nuclear. En la era Kirchner se retomó el envite, que había sido descuidado durante los anteriores gobiernos de la democracia, y se proyectó un plan a gran escala que colocaba a esa industria, junto a la satelital, en una vanguardia tecnológica a la medida del mundo moderno.

El gobierno de Cambiemos se ha aplicado a producir recortes presupuestarios, expulsar técnicos y desprogramar planes que han puesto al INVAP y al ARSAT al borde de su crisis existencial. Es la vieja receta de la oligarquía terrateniente y financiera: desprestigiar, vaciar y destruir cualquier emprendimiento que tienda a exceder la producción de renta agraria y mercantil. Estos reaccionarios siguen enchufados a su noción parasitaria de un país dependiente de los engranajes del mercado mundial y atado a la cola del imperialismo de turno. Entienden, por egoísmo, cobardía histórica y pereza intelectual, que el país debe atenerse a sus “ventajas comparativas” –Martínez de Hoz dixit- y despreocuparse del resto. Aunque la permanencia en esa opulencia dorada para el estrato privilegiado y sus clientes, deje afuera al 80 por ciento de sus compatriotas.

Como se lo indica en una nota publicada en La Voz del Interior[i], Atucha III iba a ser una proeza de la industria nacional pues, aunque el proyecto iba a ser financiado por China con una inversión de 9.000 millones de dólares, buena parte de la tecnología iba a ser nacional, gracias a la experiencia adquirida en Embalse y Atucha II… Como se señala en esa nota, quizá por esto mismo el gobierno Macri bloqueó el proyecto: era demasiado argentino para hacerse realidad. El 70 por ciento de sus componentes hubieran sido nacionales, en un esfuerzo al que debían colaborar decenas de Pyme que habían “egresado” como nucleares en tiempos recientes.

 ¿Y cómo se compensará la merma en la generación de energía eléctrica (740 MW menos) que hubiera provisto Atucha III de no haberse producido esta nueva interrupción del programa nuclear argentino? ¿Con el incremento de la producción de gas y petróleo tutelados por el ministro de Energía Aranguren y el grupo Shell? ¿Con la multiplicación de los dispositivos eólicos y solares que gestionan los amigos del presidente Macri?

Haciendo abstracción de los negociados que es posible subyazcan a estos emprendimientos, desde el punto de vista práctico ninguna de estas opciones alcanza a proveer el formidable aporte energético que hubiera brindado la central nuclear cancelada. La suspensión del plan nuclear también incluye la paralización del proyecto de Atucha IV, que habría de aportar, para el 2024, otros 1.000 MW de energía para el circuito eléctrico integrado.

El brutal golpe al plan nuclear aniquila de un plumazo 5.000 puestos de trabajo directo o indirecto –la mayoría de ellos altamente especializados. Es el primer efecto del ajuste que exige el FMI, y con él se detiene el progreso de una industria estratégica de relevancia mundial, se desabastece de energía a la industria metalúrgica, se arroja a la calle o se substrae del país a una gran cantidad de técnicos muy calificados y se promueve un “ahorro” que no es tal, pues los 9.000 millones de dólares de capitales chinos que hubiera costado Atucha III eran reemborsables a 20 años con un plazo de gracia de 8 años, lo que hubiera permitido que la planta estuviera en pleno funcionamiento a la hora de tener que comenzar a honrar el compromiso crediticio.[ii]

Enfrentar el desafío

La necesidad de frenar la descomposición en curso en el país tiene dos vías, que discurren paralelas: la presión de la calle y la formación de una coalición política que coincida en un programa de mínima y cuyos componentes vayan perfilándose frente al electorado con propuestas concretas que puedan profundizar esas proposiciones de mínima con miras a ulteriores desarrollos. El camino debe ser recorrido con velocidad y tratando de apartar, en la medida de lo posible, las mezquindades inherentes a los personalismos y a las ambiciones de parte. Suena difícil, casi imposible, es verdad, pero la dimensión de la crisis hacia la que vamos obliga a plantear el tema de la necesidad del surgimiento de un “tercer movimiento histórico”, como decía Raúl Alfonsín, aunque en su caso la oferta en definitiva quedó en agua de borrajas, en gran medida porque la insinceridad  también rondaba a la propuesta. Es esta improbabilidad lo que desalienta a muchos, pero, aunque cueste, se hace indispensable comenzar a construir algo nuevo o, al menos, algo que exceda los parámetros del juego de masacre que ha caracterizado al peronismo en sus múltiples variantes y a las diversas formaciones que, desde la orilla izquierda, pretenden reemplazarlo sin atender a sus peculiaridades y con una ignorancia supina de los genes y de las condiciones específicas de los movimientos populares latinoamericanos.

Pero como el movimiento se hace andando, lo que cabe ahora es sumarse a las manifestaciones de descontento que vienen de abajo y que están en tren de acabar con el inmovilismo de los dirigentes sindicales –o con los dirigentes mismos- orientados a la transacción con el sistema y que desde hace demasiado tiempo ocupan los sitiales de los gremios de más peso. El apelativo de “gordos” alude tanto al volumen físico como a la capacidad combativa de esos dirigentes, amén de la hinchazón que podrían tener algunos de sus bolsillos… Ironías a un lado, es un hecho que la presión de abajo está haciéndose sentir y que las cúpulas de camioneros y bancarios hace tiempo que están pugnando por una CGT renovada o por la configuración de una organización obrera capaz de suplantarla. El hecho de que sean dos gremios capaces de incidir sobre sectores vitales de la economía –el transporte, las vías de comunicación y las finanzas- eriza a la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, ex Montonera devenida en dama de hierro de la derecha, que promete mano dura para reprimir eventuales cortes de ruta y piquetes.

En este momento se está empezando a dibujar una reacción que arranca de abajo. El gobierno, que tiene buen olfato para percibir las debilidades del conglomerado opositor, se ha sacado de la manga una oferta de descongelamiento de los fondos de las obras sociales por un monto respetable, 6.000 millones de pesos, pero hasta aquí se mantiene en sus trece en lo referido a su negativa de autorizar una reapertura de paritarias sin tope, así como a poner un cepo a los despidos y a la exención de Ganancias sobre el aguinaldo. De manera que, aunque el paro de la CGT que se preveía para esta semana no se pueda evitar, es posible que esta termine postergándolo hasta algún momento en que se esté jugando el Mundial de fútbol, que el gobierno especula va a causar la suficiente distracción como para quitar efecto a la medida. Mañana, en la reunión entre el triunvirato cegetista y el gobierno habrá ocasión de saberlo.

Pero no va a ser solo por la vía de la CGT actual que se definan las líneas generales por las que circulará el conflicto en los próximos meses. Habrá idas y venidas y no hay que descartar que incluso los gremios combativos vayan a ir pautando el nivel de presión con que aplicarán sus medidas de fuerza. Por de pronto Camioneros hará el paro del jueves próximo convocado por las dos CTA, pero sin cortes de ruta ni movilización callejera, como se había previsto en un primer momento. Sin embargo, cualquiera sea el nivel y el ritmo de la protesta, sólo si esta cuaja políticamente en un movimiento partidario capaz de utilizar la presión popular para convertirla en un proyecto concreto de cambio, habrá esperanza de frenar la caída y reanudar el camino.

[i] Lucas Viano: “La cancelación de Atucha III, un duro golpe a la industria tecnológica más importante del país”. La Voz, del 29 de mayo de 2018.

[ii] Fuente: oetc@oetc.org