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No es mucho lo que podemos agregar a la nota “Vergüenza” que publicamos el 30 de enero a propósito de la farsa judicial que condena a Lula a 12 años de cárcel. En estos momentos el líder brasileño libra la única batalla que puede combatir: explotar políticamente las modalidades de los procedimientos con los que va a ser conducido a prisión. Abroquelado en el sindicato de Metalúrgicos de Sao Bernardo do Campo, en San Pablo, negocia los más y los menos de su ida a la cárcel, mientras una gran manifestación de cariño popular lo arropa.

El terremoto político que supone arrebatarle al pueblo brasileño al casi seguro vencedor de los próximos comicios presidenciales de octubre, va a ser enorme. No soy abogado ni entiendo de procederes leguleyos, pero me parece evidente que la persecución a Lula se ha basado en artimañas y no en recursos legítimos. Fiscales y jueces se han valido de expedientes contrarios a justicia,  como son el cumplimiento anticipado de condenas (antes de que tengan sentencia firme) y el pronunciamiento de estas valiéndose de expedientes tan absurdos como dar como suficiente prueba la presunción de culpabilidad. Es decir, de invertir la carga de la prueba, como es el caso del fallo que condenó a Lula sin pruebas fácticas y sin otros argumentos que la presunción de una evidencia. Algo parecido, pero peor, a las prisiones preventivas por la sospecha de conservar “poder residual” que se han puesto de moda en Argentina.  

Todo esto, en efecto, se da en un marco de retroceso institucional que excede a Brasil y afecta al conjunto de América latina. Pero se torna doblemente agudo al producirse en el mayor país del subcontinente. Lo de Brasil está asumiendo las proporciones de un auténtico desastre. Puesto en marcha con el derrocamiento “institucional” de la presidente Dilma Rousseff y generalizado después con una judicialización de la política, medida con doble rasero pues golpea a los unos y preserva a los otros, la oleada golpista está aboliendo las libertades esenciales en Brasil, desguazando su economía e introduciendo una reforma laboral de un reaccionarismo sin precedentes y que, no nos engañemos, se perfila como modelo a seguir en otras repúblicas suramericanas.

Suramérica está bajo ataque, para utilizar una frase que los políticos estadounidenses gustan de usar –“America is under attack”- cada vez que las vibraciones del mundo golpean a su puerta. El cambio de paradigma en la política mundial y la fase crítica en que han entrado las relaciones internacionales han crispado a los poderes fácticos de la potencia ejecutiva de la burguesía mundial. El estado de derecho en los países que quiere sometidos a su férula ya representa una molestia a la que conviene suprimir. El golpe contra Dilma fue diseñado para sacar del poder a un gobierno heterodoxo en una época que, para los profetas del neoliberalismo, requiere de soluciones ortodoxas. Esta es la razón de fondo de la oleada neoconservadora que desde hace unos años se desploma sobre América latina.

Los poderes empresariales y bancarios, y los inversores globales, han puesto en marcha en Brasil toda la panoplia de recursos de que disponen para manipular, entontecer y dominar a la opinión pública: el blindaje mediático, la justicia selectiva, la saturación informativa, la calumnia sistemática y, lo último pero no lo menos importante, el miedo. El ejército brasileño, por boca de su jefe el general Eduardo Villas Boas, ya anunció que “comparte el ansia de todos los ciudadanos de bien de repudiar la impunidad…” Los “ciudadanos de bien”… El sesgo de clase y racista que contiene la frase no debería ser pasado por alto, sobre todo en un país donde una tercera parte de la población no vería con malos ojos un golpe militar. La prisión de Lula no solamente es un golpe contra la democracia; es también una invitación al caos, pues a partir de aquí el desquicio será aún más grande al abrirse un vacío de poder que puede convertirse en un vórtice. ¿Qué o quién podrá llenarlo sin ser tragado por él?