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Dos hechos han señalado el fin de semana. Uno, la manifestación de apoyo al gobierno de Mauricio Macri. El otro fue el triunfo del candidato oficialista Lenin Moreno en el balotaje en Ecuador.

La manifestación progubernamental que se verificó el pasado sábado tuvo un aporte importante de asistentes, que los medios oligopólicos magnificaron fuera de medida, toda vez que estimaron la concurrencia igual o mayor a las marchas convocadas por la CGT o los docentes para protestar contra la política económica y laboral del actual gobierno. De cualquier manera la concurrencia fue lo bastante numerosa como para que un escalofrío de placer recorriera la espalda del gobierno. El presidente Macri salió a celebrarla de una manera que una vez más, por si hiciera falta, volvió a reflejar el carácter de clase de la presente administración y el tipo de sensibilidad que suele embargar a sus seguidores. Con el estilo desvaídamente persuasivo y falsamente familiar que lo distingue, el presidente salió a celebrar lo “conmovedor” de una marcha que enalteció como espontánea. Al revés, señaló, de las movilizaciones que la oposición convoca en base al atractivo que supondrían la promesa de un choripán y de un traslado en ómnibus.

Difícilmente se puedan resumir de forma más acabada las facetas snobs de la sociedad del medio pelo y el asco que la clientela de Cambiemos siente respecto al pueblo, que en la pieza oratoria del presidente. Esos argumentos –si se los puede llamar así- recogen lo más rancio de la propaganda gorila, para la cual las masas populares carecen de una capacidad de raciocinio propio y se mueven sólo al son del bombo y en la estela del perfume de un choripán. Esas expresiones no alcanzan, por supuesto, las honduras de odio de “La fiesta del monstruo”, el panfleto de Borges y Bioy Casares contra el primer peronismo. Lo que no es de extrañar atendiendo no tanto a la enjundia de los personajes sino al hecho de que los tiempos han cambiado y que ese asco visceral de señorito de Barrio Norte ha vivido y ha sido sumergido por la democratización plebeya del último medio siglo. No hay mal que por bien no venga.

Está claro que los sectores medios pueden copar brevemente el centro de Buenos Aires sin mayor esfuerzo ya que viven allí o en los barrios que le son próximos y no necesitan, por lo tanto, ser transportados en ómnibus ni “remojar las patas en las fuentes de la plaza de Mayo” como ocurriera, para escándalo de la gente bien, en la épica jornada del 17 octubre de 1945. Algo parecido ocurre en ciudades como Córdoba. Pero en definitiva lo que cuenta no es este cotejo adolescente por ver “quién la tiene más larga”, sino la dinámica social que mueve a los participantes en las marchas. En este sentido hay que observar que, en las convocatorias más importantes efectuadas en la última década por lo que no podría llamarse de otro modo que la “oposición al peronismo” (incluso cuando este no se encuentra en el poder) lo que se ha percibido es su carácter fugaz y en definitiva socialmente inconsistente. La marcha del “ingeniero” Blumberg por el problema de la inseguridad o las concentraciones variopintas organizadas para resistir la 125 y defender “al campo”, fueron bastante cuantiosas pero pasaron sin pena ni gloria. La presencia de las masas organizadas por los sindicatos en las calles es en cambio un dato recurrente y que acompaña a la evolución del país desde 1945 en adelante. Nos encontramos ahora en las vísperas de un paro general para protestar contra la política económica del gobierno, huelga que ha sido forzada por la presencia de las multitudes y las organizaciones gremiales en la calle, que pasaron por encima de la prudente conducción de la CGT. ¿Vamos a suponer que en el caso de que el reclamo vaya a ser desoído por el gobierno –cosa que damos por segura- ese rechazo no va a tener consecuencias y que estas no se airearán otra vez en el espacio público?

Por muy dividido que esté el frente popular, no podrá hacer otra cosa que reaccionar con dureza ante una negativa gubernamental. Y esta puede darse por descontada toda vez que este es el gobierno del régimen, cuya razón de ser no es otra que imponer el programa macroeconómico que está llevando adelante. No se trata, como hemos dicho en otras notas,  de equivocaciones susceptibles de ser corregidas, sino de un proyecto deliberado, para el cual el retroceso industrial y el desempleo no son las consecuencias no deseadas de un plan que se propondría volver a lanzar el desarrollo, sino justamente el producto buscado de una política de tabula rasa que pretende disciplinar a la Argentina para enmarcarla dentro del ordenamiento neoliberal del mundo. La destrucción del empleo es una de sus metas.

Esa es su razón de ser y no va a modificarla mientras no se vea afectado en su estabilidad política. Probablemente sea este el motivo por el cual se ha lanzado a especular a priori sobre presuntos intentos de desestabilización ejercidos en su contra. Se cura en salud, pues sabe que es posible que la situación pronto se le torne difícil o incluso insostenible en el plano del orden público cuando continúe con su programa. El gobierno está lanzado a un curso de acción que tendríamos que calificar como suicida, si no fuera porque los ministros impregnados por la psicología autoritaria de los CEO carecen de los más elementales reflejos políticos y quizá no terminan de dimensionar la magnitud del problema que han creado. Un país no es una empresa, y no se prescinde de las clases sociales con un telegrama de despido.

Si, como es de prever, el gobierno sigue el rumbo actual después del paro del jueves, es posible que, más allá de las divergencias y peleas internas, se vaya esbozando en el campo sindical, incluida la titubeante dirección de la CGT, un plan de lucha que apunte a ocupar el espacio público y que, por imperio de las circunstancias más que por motivaciones ideológicas, haga frente común con las fracciones de un peronismo que a su vez tengan que buscar un acuerdo dentro del marco partidario. Estas son las incógnitas a resolver de cara a las elecciones de octubre.

Ecuador y Venezuela

Dos hechos han marcado en estos días la batalla política que se viene librando en toda Iberoamérica entre la ofensiva de la reacción y las tendencias populares que retroceden después de su período de auge en la primera década del siglo XXI. El más positivo fue el triunfo de Lenín Moreno en la segunda vuelta de las elecciones ecuatorianas. Aunque tal vez no sea una “batalla de Stalingrado”, la clara victoria de Alianza País sobre el CREO de Alejandro Lasso pone una piedra en el camino de la ofensiva neoliberal que está barriendo el subcontinente desde fines del 2015. Por primera vez, desde la elección de Mauricio Macri en Argentina, se demuestra que es posible un gobierno popular se sostenga contra las ofensivas mediáticas y las operaciones psicológicas que los medios oligopólicos ponen en juego gracias a su enorme disponibilidad de recursos. La gimnasia comunicacional, alimentada por cantidades inauditas de dinero, puede aprovechar y explotar los errores o las deficiencias de los gobiernos populares hasta extremos que están fuera de toda proporción. Este es el monstruo que ha sido vencido, al menos en esta ocasión, en Ecuador. El desastre de la Argentina no se ha repetido.

La otra espada de la que se vale el sistema para derribar a los gobiernos de la oleada popular y progresista son los golpes institucionales. Honduras, Paraguay y Brasil dan cuenta de la eficacia de este método. En Venezuela la situación es algo más compleja, pues a pesar del arraigo popular que consiguiera el chavismo, las insuficiencias de la llamada revolución bolivariana y su fracaso a la hora de diversificar una economía basada en el monocultivo la dejaron inerme ante la caída de los precios del petróleo. Esta generó una situación en la cual una oposición que siempre ha estado en el límite de la rebeldía rampante, encontró los márgenes electorales suficientes para conquistar la mayoría en el congreso y para pedir el referéndum revocatorio que el mismo chavismo había asentado en la constitución, con una ligereza hija del optimismo desenfrenado generado por las primeras victorias. El gobierno de Nicolás Maduro (quien obviamente no reúne ni las capacidades ni el carisma de Hugo Chávez) quedó atrapado en sus propias redes y, ante las dificultades que se le suscitaban, no encontró otra vía de salida que recurrir a algo que la oposición llamó, con cierta razón, un autogolpe: transfirió la autoridad del poder legislativo al Tribunal Supremo de Justicia a través de una resolución emanada de este mismo. El experimento no prosperó: la condena internacional fue marcada [i]y, en el ámbito interno, mucho más importante que el batifondo suscitado por la oposición fue la división que se transparentó en el chavismo y el silencio de las fuerzas armadas, sector de donde surgió el movimiento bolivariano y que tradicionalmente (como en toda Latinoamérica) han actuado como el fiel de la balanza en todas las situaciones de crisis.

La situación es inquietante pero tal vez lo sería más si no se hubiera destrabado con la marcha atrás de Maduro. No nos vamos a desgarrar las vestiduras por el expediente al que apeló el presidente venezolano, pues no le era posible sentarse a esperar que la fiera lo devorase sin apelar a algún tipo de expediente legal o pseudolegal que compensara las que han prodigado las fuerzas de la reacción a lo ancho y lo largo del subcontinente; pero es evidente que ganar tiempo no basta para ganar la batalla. Hace falta en Venezuela –y por extensión de todos los movimientos nacional-populares que bullen en Suramérica- la definición de un programa de cambios de fondo y la formación de los cuadros que son necesarios para llevarlos a cabo. Tal como están las cosas no se puede esperar a que ese proceso cristalice lentamente sino que habrá que ir forjándolo sobre la marcha. Y en Argentina el paro general del jueves está advirtiendo que las puertas se abren para empezar a empujarlo hacia adelante.

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[i] En la Unasur, como era de esperar, los gobiernos de Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile y Colombia condenaron la transferencia de poderes. Por otro lado la OEA, pasando por encima de la suspensión ordenada por Bolivia, presidente del titular del Consejo Permanente, aprobó una resolución prohijada por México y Estados Unidos calificando a la situación producida en Venezuela como “una grave alteración institucional”, tras una sesión en la cual los miembros del ente panamericano desdeñaron de las protestas la canciller venezolana, que calificó a esa resolución como una injerencia flagrante en los asuntos internos de su país. Ecuador y Nicaragua salieron en su apoyo. El representante de este último país definió a la declaración como un “linchamiento político” de Venezuela.