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“No hay mal que por bien no venga” dice el refrán y quizá sea este muy aplicable a la peripecia política argentina que se ha precipitado después del rechazo por el Congreso de la resolución 125, que establecía las retenciones móviles al agro. Lo que fue un triste despliegue de intereses sectoriales, puede estar transformándose en una revitalización del Parlamento, por demasiado tiempo aherrojado en una obediencia mecánica a los dictámenes del Poder Ejecutivo, cualquiera este fuera.

La introducción, por tres grupos de diputados, de reformas de carácter muy positivo al proyecto de ley por que el se reestatizan Aerolíneas Argentinas y Austral, da prueba de lo que decimos. El bloque kirchnerista, el bloque del Solidaridad e Igualdad y el único representante del Proyecto Sur acordaron una serie de variaciones al texto original que consolidan el carácter nacional de la iniciativa oficial. De hecho, si el texto consensuado entre estos tres grupos se impone también en el Senado, nos estaríamos aproximando a una virtual expropiación de una de las empresas sobre las cuales las privatizaciones del menemato trabajaron con mayor desvergüenza. La línea de bandera fue, en efecto, vaciada por los capitales españoles que la adquirieron a vil precio en 1991, iniciando una peripecia calificada por el saqueo practicado por Iberia, primero, y proseguido por American Airlines, la Sepi del Estado español y el grupo Marsans. Aviones, simuladores de vuelo, rutas aéreas internacionales y otras aun más importantes para mantener las conexiones entre las diversas regiones de nuestro país, desaparecieron como por arte de birlibirloque, tragadas por las operaciones de los nuevos dueños, sobre los cuales los gobiernos de Menem y de De la Rúa jamás intentaron ejercer el control. El mercado como único regulador del tráfico aerocomercial y la piratería ínsita en el principio de la maximización de las ganancias como único condicionante de la explotación de una empresa, redundaron en la cuasi liquidación del prestigio internacional ganado por la aerolínea de bandera fundada durante el primer gobierno de Juan Domingo Perón; y en el no pago de aportes al personal, en retrasos en los sueldos y en un descalabro operacional connotado por la “jibarización” de la flota, los atrasos en los vuelos y la bronca de los usuarios.

Revertir o comenzar a revertir esta situación sería una señal de que el gobierno comienza a encontrar un camino. Es probable que, para profundizar en esa dirección, tenga que realizar varios relevos en su seno, pero por algo se empieza. La actitud de la oposición de centro derecha en torno del tema da toda la sensación de ser frívola, cuando no maligna, y en el mejor de los casos aparecería aferrada a un negativismo que reproduce los peores efectos del juego de masacre –superficial, pero devastador para los intereses de la sociedad- que consiste en objetar lo que propone el otro por el simple hecho de que es el otro quien lo propone. La ocurrencia de rechazar el proyecto oficial y en su lugar proponer la quiebra lisa y llana de la empresa –para no hacerse cargo del pasivo doloso dejado por el grupo Marsans- implicaría, en opinión de todos los expertos, la pérdida de 9000 puestos de trabajo y la pérdida de todas las rutas y la de los permisos de vuelo a aeropuertos internacionales. Amén de dejar el espacio aéreo del país a merced de las compañías extranjeras, que las explotarían de acuerdo a los criterios mercadotécnicos que privilegian la ganancia y se despreocupan de la integración estructural del país. El lapso que requeriría formar una nueva aerolínea de bandera dícese que sería de dos años (durante los cuales podría pasar cualquier cosa) y podría también estirarse indefinidamente en el tiempo.

La aceptación por el gobierno de las modificaciones propuestas a su proyecto por los diputados que lo perfeccionaron, deja de lado los peligros mayores que existían en la forma original de la propuesta. Las modificaciones estipulan que el Estado mantendrá siempre la mayoría accionaria en las empresas, y que la compra de acciones se realizará tomando como base de la tasación los valores a la fecha de la intervención. Y se considera probable que si el grupo español no acepta el arreglo, se procedería a la compra de las acciones de parte del Gobierno de manera unilateral. Es decir, a la expropiación.

Esperemos que el proyecto fragüe bien y que obtenga el respaldo de ambas Cámaras del Congreso. Pero asimismo no puede entendérselo como un final sino apenas como un principio. La rentabilidad de las líneas aéreas y, en realidad, de todos los servicios básicos que hacen a la gestión de la nación, no puede pasar por el mero balance de caja, sino por el cálculo global que resulta de poner en relación su trabajo con el crecimiento estructural del país. En este sentido sería oportuno que la iniciativa para recuperar a Aerolíneas sea seguida por un proyecto integral de readecuación del transporte ferroviario y caminero. La privatización de los ferrocarriles y el concesionamiento de las rutas no han redundado en absoluto en un mejor servicio. De hecho, en especial en el primer caso, se ha asistido a una devastación sin límites, que ha incomunicado a gran parte del país y a la que no se puede paliar con proyectos faraónicos al estilo del proyectado tren bala.

La decadencia argentina en todos los ámbitos arranca de 1955. Las falencias del régimen derrocado en ese momento eran obvias, pero eran sobre todo de carácter político. El conjunto del quehacer nacional estaba bien orientado y fue sólo el reaccionarismo feroz de la minoría oligárquica y la subordinación inconsciente de parte de las clases medias a la narración distorsionada de nuestra historia, lo que determinó el derrumbe. Desde entonces el país tuvo altas y bajas, pero a partir de 1976 la pendiente de pronunció y se convirtió en una caída libre, que terminó en la ciénaga menemista y delarruísta, hasta que en diciembre de 2001 un saludable eructo popular desplazó a los exponentes más ostensibles del sistema e inauguró la fase actual de nuestro desarrollo: vacilante, débil, contradictoria, pero animada por una difusa voluntad de no volver al pasado. Que ahora haya quienes intentan aprovechar la coyuntura abierta por la sedición del “campo” (esto es, por la rebelión de los productores ahítos de dinero), para reinstalar el modelo de explotación neoliberal, es una pretensión absurda. Comulgar con ésta sería suicida para los sectores medios; los populares, por cierto, están en otra cosa y no se tragan las ruedas de molino que la partidocracia quiere seguir sirviéndoles.

La asechanza sigue en pie, sin embargo. No hay otra manera de combatirla que seguir hacia delante, profundizando el camino abordado con energía en el plano continental, pero de forma irresoluta en el interno. Para esto hace falta renovar, al menos en parte, a los cuadros del actual gobierno y rendir las materias que están pendientes en materia de radiocomunicaciones y de reforma fiscal. Sin olvidar, por cierto, el combate a las serias amenazas que se ciernen sobre nuestro mar austral y frente a las cuales una diplomacia hesitante y el desguace de las fuerzas armadas nos pone en una situación en extremo difícil.

Es un hecho, las “ironías de la historia” no tienen fin. Lo que comenzó siendo una farsa calificada por la estampida de los legisladores sojeros y por las piruetas indefendibles del vicepresidente Cobos, puede terminar siendo un punto de partida para el fortalecimiento de una gestión más democrática del Parlamento, para la limpieza del gabinete y para el reemplazo del autoritarismo del Ejecutivo por una autoridad real, que hasta ahora no era creíble, aunque generase el servilismo de los legisladores más preocupados por la adherencia a las bancas que por su deber hacia el país.