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El jueves por la noche se produjo el primer cacelorazo o “ruidazo” contra el gobierno de Mauricio Macri. Decenas de miles de personas en todo el país se manifestaron, en cantidades nutridas pero dispersas,  contra el tarifazo. Al hacerlo protestaban también, lo supieran o no, contra el sentido de la política económica impuesta por el actual gobierno a partir de su triunfo por mínima diferencia en las elecciones del 22 de noviembre. El cambio brutal del paradigma económico ha estado marcado por la reducción de las retenciones al campo, la derogación de las que se imponían a las empresas mineras, que quedaron libres de girar toda la ganancia de su producido al exterior; por la abolición del impuesto a la riqueza, por  el mantenimiento del impuesto a la ganancia de los trabajadores, por la abrupta liberación del precio del dólar y la inflación que esta desencadenó; por la caída de la obra pública, la apertura de las importaciones, el pago de usurarios reintegros a los fondos buitre como prenda para la llegada de una lluvia de capitales que nunca ocurrió (y de la que no hay señales que vaya a ocurrir); por la crisis de las Pymes como consecuencia de los aumentos en el gasto energético, y por los despidos  y suspensiones que se han originado en las empresas públicas y privadas. Esta transformación brutal de modelo económico tocó su límite cuando empezaron a caer las facturas indexadas del agua, la luz y el gas sobre la cabeza de millones de usuarios que no están en condiciones de pagarlas o que pueden hacerlo sólo renunciando a todo aquello que no sea esencial para la pura supervivencia.

Ello determinó que, a partir del llamado de algunos movimientos de izquierda y sobre todo a través de la convocatoria formulada por las redes sociales, en más de 50 esquinas de Buenos Aires y gran parte de las ciudades del interior una enorme cantidad de gente manifestara su descontento por la situación a que ha sido llevado al país y exigiera la pronta renuncia o la expulsión del ministro de Energía, Juan José Aranguren, cabeza visible de un desaguisado que, sin embargo, no es de su sola autoría. En efecto, Aranguren no es sino la expresión más evidente de una  mentalidad empresaria enamorada del “capitalismo de shock”, cuyos exponentes ocupan la casi totalidad de los puestos en el gabinete y en las instituciones clave de la economía. Pues el gobierno todo, más allá de algunos ministros que poseen cierta capacidad o intuición política, está impregnado por la teoría de la escuela de Chicago, que estima que, cuando hay una oportunidad favorable, se debe insertar a la sociedad en un modelo de financiarización especulativa, poniéndola frente al hecho consumado al imponerle, de un golpe y de un solo trago, un ajuste a favor de los sectores más privilegiados, de los bancos y de las grandes empresas transnacionales de capital concentrado. Según la teoría, tras un golpe de esta naturaleza no podría haber marcha atrás pues se habrían abolido los principales factores de resistencia al dominio del gran capital y este podría sentarse a esperar que el dinero desborde de sus bolsillos en un efecto derrame que beneficie a los desfavorecidos. El problema es que quizá para entonces no quede nadie que pueda bañarse en él.

Nuestros aprendices de brujo simpatizan con esta teoría, pero olvidan un principio esencial para la puesta en práctica de esta opción de política económica. Esto es, esa cláusula subordinada que habla de la ocasión propicia, de la oportunidad favorable. Tal ocasión se dio en Argentina, por primera vez, en 1976, con el desquicio provocado por la guerrilla y por el gobierno de Isabelita, aprovechado  por los militares para, con la excusa de la existencia de la primera, imponer una dictadura que sembró el terror, estranguló la resistencia sindical y arrasó la economía. Después del advenimiento de la democracia, un segundo envite del modelo neoliberal se produjo a través de la promoción de un golpe de mercado en cuya estela se fue el gobierno de Alfonsín en 1989. Su sucesor Carlos Menem trepó al sillón presidencial gracias al engaño y a una confusión monumental. Pudo aplicar los preceptos de los “Chicago boys” y destruir la base industrial del país merced a la confusión en que el desquicio económico había sumido a la opinión pública y también  gracias al cinismo de su accionar, que le permitió negar los principios por los que había sido elegido, vaciando y corrompiendo desde dentro al organismo político al que pertenecía, el justicialismo, cuyos principios fundacionales estaban en las antípodas de lo que actuaba el riojano. Aunque se deba reconocer que  la superestructura orgánica de ese movimiento ya estaba por entonces bastante lista para el desguace. Como en cierto modo sigue estándolo ahora, gracias a las contradicciones que hicieron que el justicialismo regalara el poder a causa de las  rencillas intestinas producidas en las postrimerías de la gestión de Cristina, que desalentaron o cansaron a la opinión y robaron el suelo bajo los pies del único candidato que se encontraba en condiciones de, al menos, salvar la ropa.

Ahora bien, Mauricio Macri subió a la presidencia sin ese estado de conmoción a que aludimos y que hace que una sociedad esté indefensa ante un tratamiento de shock. Es decir, le faltó ablandar el terreno con un bombardeo previo que hiciera que esta se encontrara abatida, aterrorizada o resignada, lista para someterse sin rechistar al mencionado tratamiento. Pues pese a la cortina de humo generada en torno a la “herencia recibida”, el actual gobierno recibió una sociedad relativamente ordenada,  en condiciones de corregir algunos desfasajes tarifarios en forma gradual y de seguir gestionando un crecimiento en alza a una escala sin duda muy modesta, pero invalorable a la luz de la crisis que castiga al mundo en este momento.

La reformulación drástica del modelo económico que ha propiciado esta gestión de gobierno obedece, como se ha explicado muchas veces, a la vieja dicotomía entre privilegio y democracia que divide a la sociedad argentina desde sus orígenes. Pero, esto dicho, lo que cuenta en este momento es hacerse cargo de la conmoción que en apenas siete meses ha sido capaz de generar el actual gobierno y sobre todo de la escasa o nula predisposición del pueblo para acomodarse al shock. En pocas semanas hemos presenciado una convocatoria obrera con 300.000 manifestantes protestando contra la política económica instaurada por esta administración y ayer nos hemos encontrado con una pueblada que evoca hasta cierto punto el sobresalto popular gestado por la implantación del corralito en diciembre del 2001.

Es cierto que la coincidencia de las cinco organizaciones sindicales en el acto del 1º de mayo pasado no cuajó en una inmediata fusión de esas entidades y que las manifestaciones del jueves han tenido un carácter espontáneo y más bien inorgánico. Pero más allá de los renuncios de cierta dirigencia sindical, de los eventuales intereses espurios que pueden existir en ella y de las divergencias entre sus dirigentes, el tiempo apura y acorta los plazos, tanto para los gremialistas como para una oposición política que hasta ahora no se ha hecho sentir demasiado. Es cierto que el “timing” es importante y que toda resistencia ha de insertarse en el ámbito de lo posible. Pero la desarticulación de la vida social y la amenaza a las conquistas sociales (más bien habría que decir reconquistas a medias) operadas entre 2003 y 2015, son tan rápidas que exigen una comprensión también rápida de las circunstancias. Los hechos de ayer y la imponente manifestación obrera de dos meses y medio atrás están reclamando organización y resultados. Sólo así podrá frenarse la ofensiva neoliberal y poner un límite a un gobierno que está acercando al país, y a sí mismo, a una encrucijada de la que sería difícil salir y que resultaría dañosa para todos.

Que los gerentes aprendan algo de política, por favor, y que la oposición no deje que siga avanzando el deterioro.