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ENE
2016
El episodio del despido de Víctor Hugo Morales refleja la intolerancia a las voces críticas que posee al nuevo régimen y su necesidad de silenciarlas para acercarse a la demolición de la soberanía popular.

Mucho se ha hablado del cepo. Del cepo cambiario que, según los adalides de la oposición al gobierno de la ex presidente Cristina Kirchner, estrangulaba el libre movimiento de la economía y nos “desconectaba del mundo”. La liquidación por decreto de la Ley de Medios y la epidemia de cancelaciones de contratos, desaparición de programas y despidos de periodistas que está en curso, blindados por la arbitraria decisión del ejecutivo de hacer lo que se le viene en gana sin rendir cuentas a nadie, nos está poniendo ahora, no tanto frente a un cepo como ante a un nudo corredizo, a una horca. O, si se quiere, a una mordaza que sofoca la libertad de expresión y empieza a devolvernos a la infausta época del discurso único. Es decir, del discurso que proclama las infinitas virtudes de la libertad de mercado y nos ofrece una multiplicidad de variantes informativas que dispersan la atención, sobrevuelan las cosas sin ir jamás a su meollo y se conjugan con un temor reverencial a afectar a los factores reales de poder. Esto es, los oligopolios, incluido el mediático; más los bancos, el “campo”, las transnacionales, los organismos financieros internacionales y la dinámica de la política imperialista en el mundo entero.

El episodio del abrupto despido de Víctor Hugo Morales de Radio Continental, junto a la expulsión inmediatamente posterior de Cynthia García del mismo medio y, al día siguiente, la del camarógrafo que tuvo la coherencia profesional de filmar la irrupción de Morales en el estudio para solicitar la palabra a un compañero de tareas que estaba frente al micrófono, ilustran bien la presión de las nuevas autoridades sobre los medios privados, gestada a través de la pauta publicitaria oficial. La amenaza, explícita o implícita, de abrir o cerrar la canilla de los avisos es una  forma de extorsión contra los pocos medios que, incluso por razones de rating, podrían estar deseando mantener abierta una línea interpretativa crítica respecto de los actos de gobierno. Ello dice también mucho acerca de la mezquindad y la nula decisión de sostener un discurso independiente de parte de los dueños de esos mismos medios: entre el respeto a los profesionales que trabajan para ellos y la seguridad empresaria optan sin vacilar por la segunda. Pero, evidentemente, no hay de qué sorprenderse: siempre ha sido así.

La exclusión de Víctor Hugo Morales, que sigue a la derogación por decreto de la Ley de Medios sancionada por el Congreso y a la intervención de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA) es una muestra más del disciplinamiento del personal periodístico en la empresa privada[i], fenómeno que viene de lejos, que se tornó más fuerte a partir de la década de los 90, que se hizo inclemente a partir de la batalla entre Magnetto y los Kirchner y que ahora, con la entronización de Cambiemos en el gobierno, prescinde de todos los reparos y se apresta a uniformar la opinión. Junto a la designación, también por decreto, de dos jueces de la Corte Suprema, y los despidos en diferentes áreas del estado, estas medidas configuran expedientes propios de un gobierno de facto,  asumidas, sin embargo, por un gobierno elegido democráticamente. Está claro que las prisas obedecen, entre otras cosas, a la pretensión de poner al país ante una serie de hechos consumados antes de que el Congreso abra sus sesiones en marzo.

Poner en vereda

El disciplinamiento social tiene muchas facetas, que van desde los despidos a la represión de las protestas populares suscitadas por ellos, pasando por el aherrojamiento de la libertad de expresión. Esto último es doblemente eficaz si se lo practica de una manera inaparente. No es este el caso ahora. Cosa al menos curiosa por tratarse de un gobierno que durante la campaña se hizo lenguas de su voluntad de restituir la institucionalidad que decía vulnerada por el anterior gobierno. A pesar de la conveniencia de actuar con prudencia, parece haber demasiada prisa en llegar al objetivo como para adecuarse a expedientes más gradualistas. ¿Cuál es ese objetivo y qué combinación de factores puede estar determinando esta forma tan expeditiva de lidiar con el problema?

El objetivo es realinear al país en el marco globalizador ya experimentado en la década de los 90. La torpeza con que se procede para llegar allí es un hecho más complejo. En parte puede deberse al deseo ya mencionado de adelantarse a las trabas que se generarán en el parlamento y que requerirán de muchas negociaciones, trapicheos e intercambios para lograr parcialmente esos fines. Por otro lado quizá podría estarse ante una reedición extemporánea de la “doctrina del shock”. Pero no parece que sea muy factible hoy la aplicación de este método, ya que este requiere de una sociedad que ha sido puesta en estado de atonía y trauma después de padecer una catástrofe. Como lo fueron, en nuestro país, los años de plomo, la represión de la dictadura militar y el choque de la hiperinflación a finales del mandato de Raúl Alfonsín.

No es este el caso en la Argentina actual pues, pese a las lamentaciones del equipo hoy a cargo del estado acerca de las abominaciones de la gestión anterior, la situación económica en la víspera de la asunción de Mauricio Macri si no era muy buena estaba muy lejos de revestir el carácter catastrófico con que las actuales autoridades la describen. No se había avanzado en la demolición de los puntos nodales que hubieran abierto el camino hacia el crecimiento virtuoso de la economía –y esa fue una de las razones por las cuales la experiencia kirchnerista fracasó en su intento de lograr una mayor proyección en el tiempo-  pero se trataba de una economía desendeudada (en la medida que se había convenido una reducción en su monto y pactado su resarcimiento) y que podría haber disfrutado de un importante margen de tranquilidad si los empresarios “campestres” hubieran liquidado sus existencias en granos en vez de acumularlas en silos bolsa a la espera de una coyuntura como la que ahora se ha dado y por la que tan arduamente trabajaron, junto al conglomerado sistémico que constriñe la existencia del país.

Esa aptitud para capear la crisis fue un mérito no menor del anterior gobierno, en especial si se tiene en cuenta el contexto de la crisis internacional en que le tocó vivir sus últimos ocho  años, con la depresión del valor de las materias primas para la exportación. Luchó contra esa situación con expedientes de fortuna y no exactamente ideales –precios cuidados, etc.-, pero que mantuvieron el equilibrio y que podrían haber seguido sosteniéndolo mientras se arbitraban posibles medidas anti-cíclicas.

Retrotraer las cosas a la era del consenso de Washington, ése es el deseo del establishment. No le va a ser fácil, sin embargo, no estando presente el aturdimiento que sigue a una catástrofe. Pero si no es la “doctrina del shock”, ¿cuál es la razón de fondo que origina tanta prisa?

Quizá podamos distinguir dos órdenes de factores. Uno es que, al incorporar al gobierno a los agentes directos de las grandes empresas y de los grandes bancos internacionales, Macri ha promovido una “CEO-cracia” que ha contagiado a la política con los rasgos expeditivos que son connaturales de la gran conducción empresaria. Ahora bien, la política no es tan sólo una cuestión de expedientes administrativos y a un país no se lo gobierna como a una fábrica. Pese al carácter negociador, egoísta y eventualmente renunciatario de al menos una parte importante de la burocracia sindical, atenta más a su propio interés corporativo que a la realidad nacional, las demandas de sus bases pueden moverle el piso y empujarla a una reacción más decidida frente al accionar de los personeros del gran capital. En cuanto al  gran núcleo de población que votó al Frente para la Victoria –casi la mitad de la masa de votantes en la última elección, a la que no tardarán en sumarse nuevos descontentos-, no está de humor para dejar pasar sin protesta a políticas que achiquen el empleo y conlleven, una vez más, una precariedad laboral y social que se estimaba superada.

Los visitantes de la Embajada

El otro elemento a tener en cuenta para explicar lo brutal del accionar de Cambiemos es la Embajada norteamericana. Muchos de nuestros actuales gobernantes o de los exponentes de la oposición rabiosa al kirchnerismo han sido sus asiduos visitantes. Desde el punto de vista del norte es necesario reorganizar geopolíticamente a la Argentina: para ello hay que devolverla a su condición de país agrario o agropecuario, del que no debió haber salido; alejarla del Mercosur y orientarla hacia la Alianza del Pacífico; torpedear la relación con China desbarajustando las iniciativas que ya empezaban a tener principio de concreción (que podrían ser revisadas, pero sin desactivarlas), y destrozar el ARSAT , donde se acaba de informar acerca del despido de decenas si no de cientos de científicos en esa área, de vital importancia para el desarrollo tecnológico. A lo que cabe agregar la disolución de la Comisión de Planificación y Coordinación Estratégica del Plan Nacional de Inversiones Hidrocarburíferas, cuya noticia acaba de llegarnos.

En este encuadre y desde ese punto de vista el silenciamiento de las voces críticas, como la de Víctor Hugo y otras, y su alejamiento de las plataformas mediáticas que pueden difundir a gran escala su mensaje, es un dato de primordial importancia. Es verdad que persisten, como un recurso para oxigenar el aire, las redes sociales y las páginas on line. Pero, por lo mismo que son valiosas, conviene no exagerar su importancia ni atribuirles virtudes mágicas, pues son terreno propicio también para la desinformación y el tráfico de “carne podrida”, como se define en la jerga periodística a la información adulterada. Por lo tanto la lucha por mantener un espacio abierto que buscaba la derogada Ley de Medios es de primordial importancia. Hay que defender, en todos los campos, por los medios legítimos, el derecho a la libertad de expresión frente al monopolio constrictor que sofoca la voz ciudadana con el alud de la información parcial, indistinta, distorsionada o mentirosa.[ii]

 

 


 

[i] El disciplinamiento también se hace sentir en los medios oficiales, pero este dato, en el curso de la última década, pudo ser explicado hasta cierto punto por el carácter absolutamente minoritario en que se encontraban los medios estatales dentro de un mercado donde el oligopolio Clarín ejercía –y ejerce aún más hoy- su hegemonía.

 

[ii] Entre los datos que figuran en ella uno de los temas más acuciantes es la hipertrofia que aflige a la información en torno al problema del narcotráfico. Este tema es de gran importancia, pero tiene muchas ramificaciones que no se explicitan y que esperamos poder analizar en una próxima ocasión.

 

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