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Mañana se vota el referéndum revocatorio en Bolivia, en medio de un clima de desorden, violencia, provocación, inestabilidad y confusión. Los factores que han contribuido a generar esta atmósfera son varios. Por un lado las intrigas del Imperio, por otro una peligrosa vocación del gobierno de Evo Morales, subyugado por la idea de un indigenismo abstracto, que lo enreda en una contradicción difícil de resolver entre el autonomismo y el centralismo. Y en el medio una constelación, de veras horrible, de derechismo racista, conspiraciones independentistas, ultraizquierdismo y negación cerril a aprender de las lecciones de la historia.

El frente opositor al gobierno de Evo es siniestro. Se opone a todo lo que huela a reforma social y agraria. Por otra parte es incapaz de plantarse como una opción nacional contra el presidente Morales. Y tampoco parece estar en condiciones de desequilibrar la balanza electoral a su favor. Pero, ¿se plantea semejante cometido? ¿O más simplemente pugna por efectuar una fragmentación del territorio que deje, a los sectores oligárquicos de la media luna próspera del Oriente boliviano, el usufructo de sus tierras y sus fabulosos recursos naturales?

Lo segundo es lo más probable. Como consecuencia de la insurgencia contra el gobierno de Gonzalo Sánchez de Losada (un mandatario neoliberal que hablaba español con acento inglés) y de las elecciones generales de diciembre de 2005, en las que Evo Morales se impuso con el 54 % de los sufragios, los detentores de la riqueza decidieron destruir al gobierno no a través de una confrontación general, sino a partir de los nacionalismos de campanario (cruceño, tarijeño, etc.). Han podido usar a este fin no sólo a sus propias bases de clase media y alta, sino también a la antaño gloriosa Central Obrera Boliviana (COB), afectada hoy por ese ultraizquierdismo que una y otra vez se alinea con los sectores que concentran la riqueza y se arroja en contra de los gobiernos -imperfectos, deficientes si se quiere, pero en cualquier caso populares-, que intentan un cambio redistributivo y un control más eficaz de los recursos naturales, a fin de que estos no sigan siendo saqueados y sean útiles al desarrollo interno.

Los ejemplos en este sentido son legión en Latinoamérica. El Mir saboteando a Allende en Chile; los comunistas y socialistas en 1945-1955, y Montoneros y Erp en 1975, arremetiendo contra Perón en la Argentina (el eco de este accionar cabe detectarlo en las payasadas de Castells y Vilma Ripoll asociándose a la Sociedad Rural en ocasión del conflicto del campo), el salvajismo con que sectores similares arremetieron contra el gobierno del mayor Gualberto Villarroel en Bolivia, colgándolo en la Plaza Murillo de La Paz, en 1946, son algunos casos arquetípicos de una conducta fruto de una suerte de anomia que resulta de comprender la historia no a partir de las realidades que nos rodean, sino de los estímulos librescos que provienen de circunstancias sin duda importantes y dramáticas, pero a las que nuestros extremistas de pacotilla hubieran interpretado de una manera asimismo torcida si les hubiera tocado vivirlas. Un alto exponente de la COB, que fogonea los bloqueos y disturbios que se cobraron la vida de dos mineros días pasados, aduce que Evo Morales es “el único instrumento fiel del imperialismo internacional y servidor sumiso del presidente de Venezuela, Hugo Chávez.” Cómo compatibiliza el acople del presidente bolivariano con George W. Bush es un misterio, cuya clave habría que buscarla tal vez en una especie de complacencia en la necedad más que en la política.

Por otra parte el gobierno de Morales se aferra a una consigna dudosa, que puede conspirar contra la integridad del país: se empeña en reconocer a 36 naciones indígenas, otorgando validez oficial a sus 36 idiomas, en el proyecto de la nueva Constitución propugnada por el MAS. Es de imaginar el impacto que semejante ocurrencia puede tener en una endeble unidad estatal, afectada por fuertes tendencias centrífugas.

A pesar de todo se espera que el presidente Morales revalide mañana de manera contundente su mandato. Pero se tratará, si se verifica, como deseamos, de una reválida frágil, que es probable deje en pie el control que la oposición ejerce en los departamentos más ricos de Bolivia.

El hombre indicado en el lugar preciso

Como se ha dicho en anteriores ocasiones, la contraofensiva imperialista levanta cabeza en América latina. El embajador norteamericano Philip Goldberg, señalado con insistencia por el presidente Morales como factor que aviva el fuego de las disidencias regionales, tiene una bien fundada experiencia en materia de separatismos. Fungió como “oficial de escritorio” del Departamento de Estado en Bosnia, en la época de la desintegración de la ex Yugoslavia, fue asistente del embajador en Belgrado Richard Holbrooke, artífice de la destitución de Slobodan Milosevic y, tras ejercer diversos cargos, entre los que se contó el de encargado consular y político de la embajada de Estados Unidos en Colombia, volvió a los Balcanes para dirigir la misión estadounidense en Prístina, Kosovo, desde donde monitoreó la última etapa del descoyuntamiento de la ex Yugoslavia.

No son estos, como es obvio, unos antecedentes casuales. Washington pone al hombre adecuado en el puesto adecuado para servir mejor sus intereses en cada ocasión. De modo que los riesgos que se ciernen sobre un país atrasado, pero dueño de una gran plataforma de recursos minerales ubicado en el corazón de América del Sur, son grandes. La pérdida del principio de autoridad y la ruptura de la estructura jurídica son dos factores que rondan a Bolivia, para derrotar a los cuales no bastan ni las buenas intenciones ni las proclamaciones enfáticas sobre la democracia. A los sectores que conspiran contra el gobierno de Evo Morales la democracia les importa un bledo. Aunque la invoquen para justificar la defensa de su propio sector y de sus privilegios.

Así las cosas, en algún momento el ejército boliviano puede quedar como árbitro final de un proceso de disolución nacional. El rol de las fuerzas armadas en los países subdesarrollados es otro factor de la realidad que no se puede suprimir por decreto. La cuestión estriba en saber hacia dónde van a apuntar los fusiles. Esta es una ominosa incógnita, imposible de dilucidar para nosotros. De producirse ese episodio, una vez más no habrá que juzgar el proceso en base a consideraciones abstractas referidas al purismo institucional, sino en relación a la forma en que marchen los acontecimientos. De cualquier manera, al menos en relación a la preservación de la integridad del territorio, las fuerzas armadas bolivianas no deberían poder escapar a su deber de mantenerla.

Esperemos que no se llegue a ese extremo, y que Evo Morales pueda imponer sus razones, que son las del progreso y la liberación. No poco dependerá de la actitud que tengan sus socios en el Mercosur. Argentina y Brasil deben acordar sus políticas paso a paso, de acuerdo a la evolución que puedan tomar los acontecimientos en Bolivia. El respeto de la legalidad institucional y la continuación del actual gobierno son una obligación impostergable. Si, a pesar de todo, esa institucionalidad se vulnera, las conductas a seguir deberán ajustarse al pragmatismo de la realpolitik. Este impone que la preservación de las fronteras establecidas es imperativa. De lo contrario ingresaríamos en América latina a una segunda etapa balcanizadora, más frustrante aun que la primera, producida en las décadas posteriores a la Independencia.