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De veras resulta desproporcionado y brutal el pronunciamiento de Barack Obama contra el gobierno venezolano. Afirmar que el país suramericano representa “una amenaza inusual y extraordinaria contra la seguridad estadounidense”, y decretar por decisión ejecutiva un estado de emergencia nacional para precaverse de ese peligro, sería ridículo si no fuera tan peligroso. La explicación de la Casa Blanca en el sentido de que “se trata de un procedimiento legal normal ya usado con países como Irán, Siria o Birmania”, entre otros, fuerza a preguntarse qué paralelos pueden  existir entre la situación venezolana y la de gobiernos que Washington considera hostiles y peligrosos para la paz mundial y contra los que ha realizado o está realizando políticas agresivas e intervencionistas. Como Irak, Siria, Afganistán, Somalía, Libia y Ucrania.

Los cargos que el gobierno estadounidense formula contra el gobierno de Caracas están recorridos por el leit motiv de “violaciones a los derechos humanos”: estas se refieren a las restricciones a la libertad de prensa, al abuso de la violencia en la represión de las manifestaciones antigubernamentales y a una corrupción pública significativa. Es evidente sin embargo que en Venezuela hay una absoluta libertad de prensa, que el gobierno ha sido elegido en un limpio proceso democrático, que la violencia en las manifestaciones antigubernamentales tiene toda la apariencia de haber sido provocada por infiltrados y que, en lo referido a la “corrupción pública”, en este caso la soga se asusta del ahorcado, pues difícilmente exista una potencia donde el poder se encuentre más dependiente del universo financiero y donde el tráfico de influencias sea rey como en Estados Unidos. En cuanto a todo lo referido a los derechos humanos la primera potencia mundial tiene poco de que enorgullecerse: tiene una de las poblaciones carcelarias más altas del planeta, un racismo que persiste y que se percibe en la discriminación de las minorías negra y latina, y una política exterior que no ahorra las agresiones de todo tipo –económicas, mediáticas, militares-, ni los asesinatos selectivos allí donde estima que resultan convenientes. Estos datos, más que colocarla en la posición de excepcionalidad divina que se arroga, la ubican en el primer puesto entre los practicantes del terrorismo sistémico.

La declaración de Obama se encuadra dentro de la “obediencia debida”. No importa si el mandatario o sus asesores más inmediatos tengan o no alguna diferencia de matices con otros integrantes de la casta política que moviliza el juego. Es evidente que el “premio Nobel de la paz” responde al diktat que proviene del complejo militar, industrial y financiero que determina los movimientos del sistema bipartidario oligárquico que le sirve. Sin duda existen núcleos de resistencia a esta dictadura inaparente, en especial en el ámbito intelectual, pero la masa crítica de la opinión norteamericana es llevada de la nariz por los monopolios de la comunicación que, más allá de toda la cháchara sobre “la prensa libre”, se han convertido en la cuarta pata del sistema.

La decisión ejecutiva de Obama respecto a Venezuela implica un riesgo serio para la integridad y la paz del continente. En especial si la ponemos en conexión con lo que está pasando en el resto del mundo. No es creíble que implique tan solo una injerencia dolosa en los asuntos internos de otro país, cosa que hace años existe en el caso venezolano, sino que está anunciando la posibilidad para Latinoamérica de que se abra también aquí la guerra que se registra en otras partes del mundo y que por ahora abarca un arco que va desde el medio oriente hasta Ucrania. Ese siniestro visitante podría arribar por sanciones económicas abrumadoras, por la intervención militar directa (la menos probable, de momento), a través del fogoneo de conflictos fronterizos o al incremento de la desestabilización interna. Este proceso de desestabilización es lo que estaba en curso en el complot en cuya trama aparecieron involucrados el alcalde de Caracas y un par de oficiales de la fuerza aérea lo suficientemente inconscientes para meterse en el golpe que estaba programado para estallar días pasados.

La desarticulación de ese intento de “putsch” es probable que esté en el fondo de la abrupta declaración norteamericana. En efecto, el requerimiento del gobierno venezolano para disminuir a un número mínimo de miembros la representación diplomática de Estados Unidos en Venezuela –de 100 a 15-, traba la libertad de movimientos, sabotaje e influencia de la base operativa existente en esa representación diplomática con toda evidencia sobrepoblada, en especial si se tiene en cuenta que el embajador ya no se encuentra en ese lugar. Este hecho y  el discurso de Maduro vinculando a Estados Unidos con el frustrado golpe fueron tomados como pretexto para generar un escenario de confrontación que reemplace a la operación fallida y haga más grave la situación.

Hasta ahora las medidas económicas en contra Venezuela han afectado tan solo a los activos que tienen en la Unión algunos personeros del gobierno venezolano, y a temas como el visado para el ingreso a Estados Unidos. Una extensión de esas medidas para convertirlas en un embargo económico todavía no ha sido mencionada, pero si se tiene en cuenta que Venezuela orienta al mercado norteamericano el 51 por ciento de su producción, y entre ella 800.000 barriles de petróleo al día, es fácil inferir que una profundización en esas disposiciones significaría el virtual estrangulamiento de esa economía, de por sí poco sólida y dependiente de la exportación de esa materia prima. De que Washington está dispuesto a correr el riesgo de una interrupción del suministro del petróleo venezolano, si esta es breve, no hay mayor duda. ¿Acaso no está generando, a través de Arabia Saudita, un dumping en los precios del petróleo que perjudica a sus propias compañías con el fin de arruinar a Rusia y Venezuela, matando así dos pájaros de un tiro?

Es necesario que los países latinoamericanos reaccionen de consuno a esta agresión, a través de los canales y organismos que han sabido darse en la última década. La UNASUR, el Mercosur y la CELAC deben erigirse como un escudo en torno al país hermano y expedirse con urgencia en torno a la amenaza de la Casa Blanca, para demostrarles a los descendientes de Teddy Roosevelt que las cosas han cambiado algo desde la última invasión a Panamá.