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Un brillante artículo de Federico Bernal en torno del “retorno de Bartolomé Mitre” propuso días pasados, como disyuntiva de hierro para el presente argentino, optar entre progresistas y revolucionarios para impedir que en la Casa Rosada vuelvan a entronizarse los representantes del viejo país. Los mismos que lo devastaron sin piedad entre 1975 y el 2003. No podemos sino estar plenamente de acuerdo con ese punto de vista.

Después de una década de “progresismo” en la cual se gastó mucha pólvora en chimangos (1), los problemas estructurales básicos del país siguen sin resolver. Se palió la pobreza, se corrigió mucha injusticia social, se recuperó a medias un sector básico de la economía –la explotación del petróleo-, se re-nacionalizó Aerolíneas, el Estado volvió a pararse con vacilación sobre sus piernas y se llevó adelante una prédica latinoamericanista muy justa; pero la retórica del relato de la “revolución imaginaria” ocupó mucho más espacio que el debido. Porque, a diez años vista, la mayor parte del subsuelo sigue enajenado, las transnacionales retienen la parte del león del conjunto de la economía y el gobierno sigue siendo modosamente bien educado respecto a servicios que hace años son una demostración de mal manejo y saqueo, como en el caso de los ferrocarriles y el suministro de energía eléctrica. Desde el Ejecutivo se empiezan ahora a dar señales –contradictorias y vacilantes, en cualquier caso- de que se pretendería rever la situación y profundizar los controles. Y hasta de llegar a las nacionalizaciones.

El problema es que, sin embargo, volvemos a estar en presencia de una actitud reactiva, ajena a todo planeamiento: sólo cuando las papas queman el pesado aparato estatal se pone en marcha y apunta, o insinúa apuntar, en la dirección correcta. Los apuros actuales se pueden solventar con firmeza y el redireccionamiento, como por ejemplo en el de la actividad de las empresas encargadas de distribuir la energía; pero no había necesidad de llegar a esto. En un entorno volátil y en el cual las tensiones son fogoneadas por una prensa monopólica enfeudada a los intereses del sistema, estos asuntos se pueden convertir en factores desestabilizantes. No en el sentido de derribar al gobierno, pero sí en el de robarle el suelo bajo los pies y dejarlo pésimamente parado en relación a las presidenciales del 2015.

Una opción política a nuestro juicio equivocada, la de apostar al empresariado “nacional” y tentar un desarrollismo burgués a lo Frondizi, fue el factor determinante de los apuros por los que actualmente el gobierno nacional está pasando. Muchas veces en esta página se ha entrado en este tema. En Empezando con mal pié (17/12/11), De mal en peor (19/06/12), Fragilidades (2/07/12), El sujeto histórico ausente (2/08/12), entre otras notas, analizamos la mala elección del kirchnerismo respecto de los aliados a los que debió asociarse para proponer con cierta probabilidad de éxito una transformación estructural de las coordenadas económicas del país. No por supuesto para intentar una revolución socialista, sino simplemente para constituir la base de un estado burgués digno de tal nombre. Pero para realizar esa tarea con posibilidad de éxito en una sociedad como la nuestra, tan gravada por la labilidad identitaria de las clases medias y por la sujeción de los sectores empresarios a un modelo fundado en el prestigio del capital extranjero, es necesario ser capaces de fraguar un frente plebeyo que tenga a los sindicatos y (perdón por la mala palabra) al Ejército como pilares de la experiencia. No otra cosa fue el único experimento exitoso de cambio respecto del modelo agropecuario exportador sobre el que se construyera la Argentina del Centenario y que era inviable como instrumento de progreso ya en los años 40 del siglo pasado. Es decir, el peronismo entre 1946 y 1955, que fue capaz de romper con ese estancamiento e iniciar una etapa que, de no ser por la contrarrevolución del 55, probablemente hubiera lanzado al país a un progreso irrevocable.

Esta posible coyunda a la que aludimos –ejército/sindicatos- fue demonizada por el sistema en diversos momentos del kirchnerismo. Con la anuencia de este, que cayó en la trampa que le tendían sus propias limitaciones, sus desconfianzas y su inseguridad en sí mismo. El garantismo, el progresismo y una carencia de programa en todo lo referido a una transformación estructural del país, le cortaron las piernas y lo llevaron a convertirse en este vacilante expediente administrativo que hoy todavía se plantea dudas acerca de cómo llegar al 2015, si en base a una reafirmación programática (en la medida en que el programa realmente exista) o piloteando modosamente unas contradicciones que la oposición y el sistema están decididos a explotar sin parar mientes en las pesadísimas responsabilidades que les tocan en todo lo referido a ellas.

La política militar fue inexistente, o dirigida a exacerbar el aislamiento del sector, más allá de la inevitable judicialización de los delitos contra la humanidad cometidos durante la dictadura. En cuanto a los sindicatos, está fresca la desautorización de una representación sindical en la Legislatura para las elecciones de 2012, lo que terminó de embarrar unas relaciones que comenzaban a ser malas entre el sector más combativo de la CGT y el gobierno. Esto no se debió sólo a las diferencias (o a las similitudes) temperamentales entre la Presidenta y Hugo Moyano, sino que fue el fruto de una elección deliberada en el sentido de no admitir el juego independiente de los intereses gremiales. Que podrían haber sido o no excesivos, que hubieran podido o no pretender invadir espacios decisión que el gobierno entiende que le son propios, pero que podrían haber sido objetos de negociación. La sangre no habría llegado al río y la Casa Rosada contaría hoy con un enemigo menos y con una fuerza combativa capaz de incidir sobre el curso de las cosas por su presencia en la calle y por el peso específico que tiene en el conjunto de la economía. En vez de esto se optó por la búsqueda de una imprecisa coincidencia con el sector empresario, relegando a la facción más combativa de los sindicatos para disponer así de una supuesta mayor libertad de maniobra para articular componendas con el primero, mientras que en el ámbito obrero se eligió cooptar a la porción del movimiento a la que se supone más permeable a las exigencias oficiales.

Hoy estamos asistiendo a un reverdecer de los envites de una oposición política transformada en correa de transmisión del sistema. Hay una unanimidad sospechosa en la coincidencia opositora de fuerzas que teóricamente deberían rechazarse como el agua y el vinagre. ¿Qué tienen que ver Lilita Carrió y Pino Solanas? ¿O Jorge Altamira con Hugo Biolcati o Sergio Massa? La Unión Democrática del 46 vuelve en grado de tentativa en cuanta ocasión se presenta, lo que demuestra que los problemas de construcción identitaria sobre los que parecía haberse avanzado después de la guerra sucia y de la dictadura subsisten aun. De manera atenuada, pero vigente todavía.

Pero hay más. No conocemos los entretelones de la interna gubernamental ni de la interna militar, pero, ¿de que lado juegan Horacio Verbitsky y el CELS cuando se oponen de forma tan cerrada a la designación del general César Milani como jefe del Estado Mayor Conjunto? Qué curiosa coincidencia entre los adalides del progresismo y los derechos humanos con Clarín y La Nación, que no se han distinguido nunca por su preocupación respecto a ellos y que se apresuran a insinuar en sus páginas que la designación de ese militar es parte de una presunta conjura para transformar al ejército en una réplica de la fuerza armada venezolana…

Los dos años que faltan para que termine el mandato de la Presidenta Cristina Fernández deberían ser recorridos con una orientación más definida acerca del país que se quiere. No se podrá hacer lo que no se ha hecho hasta ahora, pero sí se puede consolidar lo conseguido creando reparos que disuadan a los agentes del caos que hemos visto en acción por estos días. Más allá de las hipótesis conspirativas, fue la improvisación o la ausencia del Estado, tanto en las provincias como en la nación, lo que más ha tenido que ver con la ola de huelgas policiales y saqueos que se produjeron en la primera mitad de diciembre. Esos desórdenes dieron pábulo a la multiplicación de los rumores y a la acción desestabilizadora de una oposición que suministra municiones argumentales a la prensa. Cuando no es a la inversa: allí donde los problemas son menores los medios los inflan y contribuyen así a fomentar una sensación de caos que está a medio camino entre la ilusión y la realidad.

La Argentina no está en un momento fácil. Cuánto más rápido tengan conciencia de ello las autoridades, más rápido podrán pararse frente a él. Nunca más el gobierno puede ser sorprendido por los hechos.

Nota

1) Digámoslo claro, para que no haya equívocos: el matrimonio igualitario, un asunto delicado que merecía atención y respeto, pero sin convertirlo en la piedra de toque que señalaría la partición de aguas entre la democracia y el fascismo; los alardes soberanistas sobre Malvinas no sostenidos por una potenciación ponderada de las Fuerzas Armadas; y los énfasis en la redistribución del ingreso que no van mucho más allá de una política de subsidios no acompañada por una política fiscal progresiva, son parte de la inflación retórica a la que aludimos.