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La muerte de Jorge Rafael Videla no significa mucho. Es el tránsito del recuerdo de un dictador al recuerdo de un dictador difunto. Puede provocar diatribas póstumas, las mismas que se le consagraban en la última parte de su existencia, o hipócritas condenas a su persona de parte de individuos y órganos de prensa que, en su momento, se aprovecharon de sus actos; pero, aparte de su familia, no lo va a llorar nadie.

Videla, en sí mismo, no fue importante. No tuvo ningún rasgo de originalidad: su mentalidad era la media de un sector social que hoy se cuida mucho de recordar que en su momento lo alababa por los mismos actos que ahora se le reprochan. En su caso se podría hablar otra vez de la “banalidad del mal”, siguiendo la observación de Hannah Arendt. Su significación se deriva del hecho que fue la figura que condensó, casi por casualidad, en el momento más oscuro de nuestra historia, todas las carencias, la brutalidad y el cipayismo del estrato ejecutor de la clase dominante aliada al extranjero. Y lo hizo con consecuencia, empaque formal y rigidez, sin inmutarse por las atrocidades que estaban perpetrando los verdugos que respondían al mando colegiado de las fuerzas armadas, que acometían a tontas y a ciegas una empresa que algunos de ellos quizá imaginaban patriótica, pero cuyos mandantes tenían bien claro el carácter regresivo y antinacional que la determinaba.

El 24 de marzo1976 fue un momento de inflexión negativa en la historia argentina. No fue el primero, pero por cierto fue el más destructor y profundo, hasta el extremo de que no podemos decir que su vigencia se haya agotado. Pese a la relativa recuperación del país que se verifica a partir de 2002-2003, los datos fundamentales de la feroz puñalada inferida a la nación en esa fecha todavía no se han revertido.

Hay dos momentos que se complementan en la historia moderna de Argentina: septiembre de 1955 y marzo de 1976. Trazar la deriva de esos años es fundamental para comprender la forma en que se tensa y hace crisis el conflicto entre el modelo de la sociedad organizada en torno de la nación-factoría, y el ensayo de ruptura con este, que fue personificado por el general Perón y que representó el único esfuerzo del siglo XX por modernizar al país. El esfuerzo de este militar estuvo dirigido a trascender el esquema agrario y exportador de commodities en que la nación había vivido hasta entonces, para reorientarlo en el sentido de una sociedad industrial que atendiese al mercado interno, generase una más equitativa distribución de la riqueza y a la vez buscase un progreso tecnológico que le permitiera crecer de cara al exterior. Todo dentro de un concepto geopolítico que recuperara la noción de unidad suramericana e hiciera de esta el eje de un desarrollo potencial a escala continental.

Más allá de los gruesos errores de comunicación y del sesgo complicado de la psicología del líder, que facilitaron su derrocamiento, esa experiencia fue la más importante que produjo Argentina para ponerse en condiciones de defenderse en el contexto global, mientras incubaba un proyecto a futuro que le permitiría consolidarse como potencia. Así fuera de segundo orden.

Semejante atentado contra el estatus quo no iba a ser tolerado por la casta oligárquica que hasta ahí había regido con escasas interferencias los destinos del país, y mucho menos iba a ser aceptado de buen grado por las potencias que ejercían y siguen ejerciendo el control de los asuntos mundiales. La presión creció y el régimen, aislado por sus errores y por la falta de voluntad de su jefe en el sentido de presentar resistencia, se derrumbó en cuestión de días. Comenzaba así una decadencia que no ha podido ser revertida a pesar de las ocasionales oportunidades que existieron para hacerlo.

Si en una nación dependiente las masas populares son encuadradas con energía y clarividencia por una clase dirigente provista de un proyecto propio, la pretensión de un crecimiento orgánico es viable. Por desgracia aquí no ha habido otra clase dirigente que la clase “habiente”; una casta habitada por una concepción del país carente de grandeza e interesada tan sólo en acopiar dinero para su propio sector. “Nuestra oligarquía es capitalista pero no es burguesa”, decía Jorge Abelardo Ramos.

Esto hizo que los saltos hacia adelante realizados por el país tuviesen que vincularse al poder vicario ejercido por un sector de las fuerzas armadas, algunos de cuyos miembros apuntaron a llevar a cabo el programa que debería haber asumido la burguesía y canalizaron el apoyo popular. Incluso en el caso de la democratización electoral que tuvo a Irigoyen como protagonista. El caudillo radical siempre cultivó con celo sus vínculos militares y su caída en buena medida se debió a su falta de voluntad para apelar a ellos.

“El Jano militar”

Nuestro ejército tuvo siempre dos caras. “La máscara del Jano militar” la bautizó Ramos. Estas caras se volvían hacia el público de acuerdo a las circunstancias. El rostro positivo se expresó en la revolución de 1880 patrocinada por Roca, y en el ensayo “justicialista” propiciado por Perón. Pero en la medida en que no hubo un grupo social coherente que fuera capaz de capitalizar a largo plazo los avances logrados, esos éxitos “militares” retrogradaron al cabo de un tiempo.

El sector progresivo del ejército siempre estuvo contrabalanceado por su sector regresivo. Dado que el país ha sido manejado por la casta oligárquica durante la mayor parte del tiempo, el peso que esta corriente tuvo dentro de las FF.AA. ha tendido a ser superior al de su adversaria. Los ejércitos están no solo para defender las fronteras sino también y en algunos casos principalmente, al tejido de los intereses que controlan al país. En el caso de las sociedades sometidas a un yugo semicolonial esta última función es fundamental, pero no por ello deja de tener altibajos. Porque las escisiones dentro del ejército no hacen otra cosa que reflejar las alteraciones internas del país; y el origen social de sus cuadros, por lo menos hasta los rangos intermedios, suele ser sensible a esas oscilaciones.

La corriente popular y nacional que emergió del revisionismo histórico y del nuevo mapa social de una Argentina que empezaba a industrializarse, encontró un intérprete no del todo inesperado en la juventud militar que dio el golpe de 1943, al que el coronel Perón, el más astuto e inteligente de sus miembros, salvó de encerrarse en el nacionalismo ultramontano al hacer contacto con la masa obrera. Esa opción popular, que democratizó de veras al país y promovió un importantísimo cambio en su estructura productiva, fue brutalmente arrojada hacia atrás por la terrorista contrarrevolución de junio y septiembre de 1955. Sin embargo, el paso dado entre 1943 y 1955 había sido demasiado grande como para que el régimen fundado en los bombardeos y los fusilamientos del 55 y el 56 pudiera dominar y reducir del todo a las fuerzas sociales que habían crecido al conjuro del peronismo. La estructura sindical y política montada en esos años erigió una muralla difícil de franquear, y la nacionalización que los textos revisionistas generaron en la juventud de clase media cuyos padres habían sido tributarios del antiperonismo gorila, complicó aun más las arremetidas del sector militar más reaccionario, azuzado por el establishment para volver al país a fojas cero. Se generó así un virtual empate entre la conservación y el cambio, que frenó la industrialización promovida por el primer peronismo y estancó el desarrollo de la nación, pero gracias al cual se mantuvo lo esencial de la estructura productiva, e incluso se la incrementó en algunos campos, como fueron el automotor, la industria ferroviaria y la ingeniería nuclear.

De esta situación ambigua emergieron los gobiernos de Frondizi, Guido, Illia y luego el nuevo envite dictatorial de Onganía, cuyo fracaso en domeñar a las fuerzas nacional-populares determinó una retirada a la que el general Lanusse hubo de cerrar de mala gana devolviendo al país la libertad de elegir al ya viejo caudillo, cuya proscripción y la de la fuerza a la que él representaba, había sido el factor que complicara la gestión de la nación hasta extremos insoportables.

Ahora bien, las peculiaridades de ese proceso habían llevado al surgimiento de las “organizaciones armadas”, algunas de las cuales se postulaban como reemplazo de las fuerzas armadas clásicas. Habían sido alentadas por Perón, pero ahora intentaban rebasarlo por la izquierda. La suya era una construcción intelectual utópica y susceptible de ser manipulada desde fuera para diseñar un mapa político sembrado de provocaciones; aunque en verdad su propio extravío no hizo necesario que el sistema se esforzara mucho en ese sentido. Pero, de hecho, así funcionaron.

Mazazo

Fue así que, después del breve interregno abierto con el regreso de Perón y clausurado con la muerte del viejo caudillo, los dislates del utopismo revolucionario se dieron de frente con el demonismo de unas fuerzas armadas cegadas por el temor y la rabia en razón de los ataques de eran objeto. Muchos jefes y oficiales habían pasado por el lavado de cerebro practicado en la Escuela de las Américas y su doctrina en lo referido a la lucha contrainsurgente, y estaban ansiosos de probar sus postulados en la práctica. El establishment urgía a los mandos a terminar con la guerrilla y, usando la emergencia como pretexto, acabar así de una vez por todas con el odiado populismo. El apoyo de Estados Unidos estaba garantizado y sólo había que ponerse a la obra.

Lo que vino después fue terrible. La estrategia represiva no estuvo dirigida tan sólo a sofocar los movimientos de descontento o las formaciones guerrilleras que aparecían como excrecencias de estos, sino a utilizar estas últimas como pretexto para descargar un mazazo a escala continental que nivelase el terreno para la aplicación de las doctrinas económicas de la Escuela de Chicago y su más reciente invento, el neoliberalismo. En efecto, junto a los militares desembarcaron en el gobierno las filas de economistas y tecnócratas obedientes al mandato del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial, encabezadas por José Alfredo Martínez de Hoz. Estos técnicos, halagados por la parafernalia mediática, pusieron en práctica el desguace de las estructuras productivas de la Nación. Este curso encontraría su remate en el genocidio social practicado en la década de los ’90, durante el cual los gobiernos de Menem y De la Rúa literalmente vaciaron a las empresas nacionales, las liquidaron a vil precio y sancionaron una serie de medidas que abolían la propiedad estatal de las reservas naturales, gestando la desocupación a gran escala y sembrando las semillas de las que brotaría la inseguridad que hoy aterra a la pequeña burguesía.

Pero para que esto haya sido posible hubo de existir primero el equipo militar encabezado por Videla y su terrorismo de estado. El sistema oligárquico-imperialista había comenzado la demolición de la nueva Argentina en 1955, pero sólo en 1976 encontró el punto álgido que le permitiría realizar sus aspiraciones. La guerrilla quedó desmantelada poco después del golpe, pero el terror continuó. Era un terror indiscriminado, practicado anónimamente a través de las desapariciones, de los centros clandestinos de detención -de donde trascendían rumores imprecisos de las cosas horribles que estaban pasando-, y de la recurrente aparición de cadáveres arrojados en el río y en el mar o a veces tirados en un descampado. El objetivo ya no era sólo la venganza sino crear un miedo difuso y paralizar cualquier veleidad de resistencia contra las medidas que condenarían al país a una situación de indefensión y perdurable dependencia. El arbitrio maestro para lograrlo fue la contracción de la deuda externa, que se disparó de los 7.900 millones de dólares antes del golpe de Estado en 1976, a 45.000 millones en el momento del traspaso del poder de Bignone a Alfonsín. Para remachar la jugada el ministro de Economía del último gobierno de la junta, Domingo Cavallo, estatizó la deuda privada y la convirtió en un débito nacional, con lo que ató al país al servicio de unos intereses leoninos que se pagaban con nuevos préstamos del FMI, anudando así un lazo corredizo que había de estrangularnos a lo largo de décadas y que aun hoy sigue deformando el natural desarrollo de la República.

Es obvio que este recuento catastrófico no es imputable a una sola persona. Videla fue el primer ejecutor –hubo muchos otros- de las ferocidades con que había que allanar el camino a esa política, pero aún peores fueron quienes se aprovecharon del trabajo sucio. Los mecanismos psicológicos que condujeron a Videla y a los suyos a cumplir tan deleznable tarea requerirían de un examen más circunstanciado, pero la sociología del crimen cometido en esos años está clara: fue el más feroz intento de la oligarquía argentina por retrasar el reloj de la historia. Y a fe que lo logró, aunque la partida siga jugándose, aquí y en otras partes.