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El discurso de la Presidente ante la UIA del pasado martes torna más agria la relación entre el Ejecutivo y la CGT que preside Hugo Moyano. Los enemigos de siempre agigantan las diferencias, mientras que, dentro del sector nacional, se intenta sacarle virulencia al encontronazo. Pero la verdad es que la alocución presidencial prolongó y reforzó el tono del discurso que Cristina Fernández pronunciara en José C. Paz y al que nos refiriéramos oportunamente. No todo estuvo dicho en forma explícita: la entonación de la presidenta cuando abordó el tema y preguntó si el “compañero secretario general de la CGT” se encontraba aun en el recinto y le informaron que se había ido, tuvo una connotación de dureza contenida que valió por mil palabras.

Es una lástima. Porque si bien es indudable que la Presidente tiene todo el derecho del mundo a negarse que le marquen la cancha (dato que pudo estar presente en el apoyo demasiado cálido de la CGT a su candidatura en ocasión del acto para respaldarla que tuviera lugar en la avenida 9 de Julio), su amplia purga de representantes sindicales de las listas a diputados y ahora su negativa a ocuparse desde el gobierno nacional del reclamo de los trabajadores en el sentido de obtener una participación en las ganancias, puede ser leído como un desplazamiento desde una izquierda moderada a un centro que, a partir no de sus afirmaciones, sino más bien de sus silencios en torno de una serie de temas estratégicos, estaría apuntando a un proyecto neodesarrollista. Este trabajaría sobre la hipótesis de una concertación con los poderes económicos constituidos, antes que sobre una iniciativa enérgica para promover un cambio que ponga a la Argentina en la ruta de un desarrollo acelerado y fundado en una más justa integración social.

Nadie pretende que el gobierno arremeta con un programa de ruptura, pero sí que aborde un abanico de temas que hacen justamente a la consolidación definitiva del cambio iniciado en el 2002. Llama la atención que la presidente descarte la posibilidad de toda medida que involucre una ley que reduzca el monto de las ganancias que las empresas transnacionales giran al exterior y se incline –como en el caso de la participación laboral en el rédito empresario- por negociaciones que deberán hacerse caso por caso. El caudal de ahorro que resultaría de una disposición ejecutiva del primer tipo, debería volcarse a una inversión masiva para resolver los problemas estructurales del país, plantándolo sobre sus piernas al orientar y potenciar su capacidad productiva.

No se entiende porqué el gobierno habría de renunciar a la posibilidad de apelar a tal instrumento cuando tendrá mayoría en el Congreso y nadie podría objetar que proceda a la sanción de una reglamentación que no representaría otra cosa que un ejercicio de soberanía. Claro está que para que una iniciativa de este tipo tenga éxito debe estar precedida por un proyecto de desarrollo estratégico bien estructurado y concebido en sus distintas etapas. Hasta ahora no hemos oído nada al respecto, como tampoco en lo referido a una reforma tributaria que grave de forma progresiva a la renta, reforma que se viene postergando desde tiempos inmemoriales y respecto de la cual es una también una legítima atribución del Ejecutivo y de las Cámaras el decidir sancionarla.

Hay que esperar al discurso inaugural de la Presidente para saber a qué atenerse, pero las movidas previas no suscitan demasiado entusiasmo. Para colmo, por estos días ha circulado la versión de que la Universidad Nacional de Buenos Aires (UBA) habría dispuesto desarticular al grupo de científicos y técnicos que elaboró el Plan Fénix, hasta ahora el único proyecto conocido que propone una reforma meditada de la estructura productiva y económica del país.

¿Un doble estándar?

Las palabras de la Presidente respecto a que no se tolerará más la ventilación de las disputas intestinas de los sindicatos con actitudes que pongan en peligro la prestación de servicios, y su afirmación en el sentido de que será el Ministerio de Trabajo el encargado de laudar en los diferendos y que su decisión será inapelable es, desde nuestro punto de vista, legítima. Y oportuna, habida cuenta del desquicio promovido en Aerolíneas Argentinas. Pero esta dureza para con los sindicatos no termina de corresponderse con las medidas que deben corregir las notorias inconveniencias de un sistema financiero que sigue rigiéndose por una ley de la dictadura, ni con la aceptación de una jurisdicción internacional para ventilar los diferendos entre el Estado argentino y las empresas de origen transnacional radicadas en el país.

El kirchnerismo ha realizado una labor muy importante. Faltan cosas básicas cuyo remedio pudo haberse acometido antes. Se adujo siempre, para explicar la demora y el paso a paso con que se iban asumiendo iniciativas parciales, que era preciso acumular fuerzas para producir el envite necesario para terminar de transformar la Argentina. Y bien, dicha acumulación se ha producido: el 54 por ciento de apoyo electoral y la mayoría en el Congreso no son cosa de poco. Estaríamos por lo tanto en condiciones para abordar en profundidad los problemas que históricamente nos aquejan.

La necesidad de contar con una CGT fuerte, manejada por sindicalistas que nada tengan que ver con los “Gordos” que se distinguieran por su cínico acatamiento al discurso del menemato, su apoyo a las privatizaciones y su propensión a hacer negocios a costa del interés de los trabajadores y del país todo, es un requisito esencial para dotar al movimiento nacional de una columna vertebral. Perón lo comprendía muy bien, aunque él tampoco jugó esa carta cuando se planteó la crisis del 55 y hubo de resignar el poder. Ahora la Presidente parece estar lejos de aquella perspectiva y sentirse más bien predispuesta a concertar con el empresariado –sin dejar de marcarle el campo- que a reforzar el vínculo con las organizaciones gremiales. Tiene el vigor suficiente como para hacerlo, de momento; pero no debería olvidar la cortedad de miras y el oportunismo de nuestra burguesía, poco propensa a los esfuerzos de largo aliento. A lo que debe sumar que los rivales fundamentales de la organización nacional se encuentran en el sistema conformado por la alianza entre el capital transnacional concentrado y la patria financiera, que aborrecen toda innovación que ponga en peligro el estatus quo, de cuya preservación extraen sus mejores ganancias.

Cristina Fernández tiene una excelente formación técnica, inteligencia política y óptimas condiciones para ejercer su cargo, como ya lo ha demostrado. Pero su fuerte temperamento no es siempre el mejor aliado para gestionar el difícil equilibrio de fuerzas dentro de un frente nacional. Detrás del a veces excesivo pragmatismo de Néstor Kirchner se adivinaba una comprensión más flexible del juego político, aunada a una intransigencia de fondo en lo referido a las metas fundamentales de su tarea de gobierno. Esperemos no echar esas cualidades demasiado de menos.

El problema de gestionar la victoria

Argentina tiene necesidad de una estructura político-partidaria que mejore la existente. Y hablamos en singular porque las fuerzas de la oposición han revelado durante los últimos años una inopia conceptual y una torpeza táctica que las condenan casi sin remisión. La única fuerza vigente con capacidad de transformación positiva es el Frente para la Victoria. O, si se quiere, el kichnerismo. Este ostenta, sin embargo, problemas cuya solución no parece fácil, atendiendo a la precipitación un tanto frívola con que proceden algunos de sus personeros más jóvenes. Suelen adolecer de apresuramiento y de una tendencia a ignorar los matices, o a cerrarse en cuestiones importantes pero en definitiva secundarias respecto de las tareas centrales que hay que acometer. Los derechos humanos son importantísimos, pero se los debe ver en el marco de una nación realizada. Esta desatención en cierta medida proviene de una ignorancia de la historia. Ignorancia que es, a su vez, fruto del desarme intelectual promovido tanto por la dictadura militar, como por las dictaduras económicas disfrazadas de democracia que se consagraron a escamotear la voluntad popular a través de personeros políticos que hacían exactamente lo contrario de lo que habían prometido en sus campañas. O que coincidían en un discurso único que no dejaba otro escape al ciudadano que votar en blanco.

Esto ya no es así. El kirchnerismo ha aportado cambios que han puesto a Argentina sobre un nuevo andarivel. Pero le resta definir más su perfil de forma más acusada. A propósito de Cristina Fernández se ha hablado de “bonapartismo”, aludiendo a su decisión –de raigambre bien peronista- en el sentido de gobernar atendiendo a un equilibrio entre los sectores en que se apoya y englobando y resolviendo en sí misma los conflictos de intereses que oponen a esos grupos entre sí. Este es un rasgo movimientista al que no vamos a impugnar, pues se trata de un expediente inexorable en todas las sociedades emergentes y a las que les falta el sector social dirigente capaz de hacerse cargo de la gestión del Estado a través de mecanismos que resulten indiscutibles y aceptados por todos.

Ahora bien, el bonapartismo en su versión más progresiva se ejerce no para mantener el estatus quo o modificarlo insensiblemente, sino para intentar reformas claves en la sociedad. ¿Estamos en esta situación, aproximándonos a ella o cediendo a la tentación del facilismo? Los meses posteriores a la inminente renovación presidencial nos darán orientaciones firmes acerca de este asunto, del cual dependerá el destino de la Argentina en las próximas décadas.