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Lo que está sucediendo en Bolivia en torno de la construcción o no construcción de un camino que atravesaría el Territorio Indígena del Parque Nacional Isiboro Secure y debería unir a Cochabamba con la región del Beni, ilustra sobre la dificultad, los desafíos y la tendencia a los extravíos que existen en ese país cuando se trata de llevar adelante un proyecto integrado que procure sacarlo del atraso y hacerlo parte eficiente del proceso de unificación latinoamericana. Incluso en este momento, cuando un gobierno de innegable extracción popular ocupa la sede del Palacio Quemado.

La historia boliviana es trágica e intensa como pocas. Su condena al aislamiento por la guerra del Pacífico con Chile en el siglo XIX, no hizo más que agudizar el problema supuesto por la balcanización de toda América latina con posterioridad a la liberación del Imperio Español. Esa liberación no redundó en un continente unido, como lo desearon San Martín y Bolívar. Supuso la suplantación de un amo por otro.

El nuevo fue el imperio británico y más tarde Estados Unidos, interesados en mantener estos países separados entre sí y atados a una conexión dependiente de las metrópolis. El monocultivo (minerales en Bolivia, salitre y guano en Chile, ganado y trigo en Argentina, café y caucho en Brasil, y petróleo donde lo hubiera), obligaron a los países latinoamericanos a un desarrollo raquítico: mientras las oligarquías y las burguesías compradoras se enriquecían a destajo, las masas populares eran condenadas a la anemia física y a la anomia cultural.

En Bolivia esta situación fue llevada hasta el extremo, dada la presencia de una casta feudal y una masa indígena iletrada y expoliada durante siglos con una crueldad sin parangón. Hoy, después de muchas y sangrientas idas y venidas de una revolución casi permanente, esa situación se ha superado en importante medida, pero subsisten muchos resabios de ella. Aun más grave, la lucha campesina e indígena, de la cual la presidencia de Evo Morales es el resultado, corre el riesgo de extraviarse, por errores propios y agresiones externas. Estas últimas son favorecidas por el accionar de unas entidades en apariencia chorreantes de buena voluntad, las Organizaciones No Gubernamentales u ONG. Estas, en verdad, se configuran más que como organismos humanitarios, como una trampa ideológica y “políticamente correcta” en la que multitud de intelectuales progresistas y de gente bien intencionada tiende a caer.

Prohijadas por Europa y Estados Unidos las ONG en Bolivia y otros lados hacen hincapié en el ecologismo –que suele servirles para trabar iniciativas necesarias para el desarrollo- y en los derechos de los “pueblos originarios” para pasar a estos de revoluciones y convertirlos en factores que sean capaces de atentar contra la necesaria unidad territorial y de acción que sólo puede brindar una organización estatal centralizada y comprometida con el crecimiento y la soberanía del conjunto de un país. El gobierno de Evo Morales y de su vicepresidente, Álvaro García Linera, cometió el gravísimo error (desde nuestro punto de vista) de conceder una constitución que hace de Bolivia un país plurinacional, formado por 36 etnias que se arrogan o pueden arrogarse derechos inalienables sobre el terreno que pisan. Según las expresiones de académicos norteamericanos auspiciados por la embajada de Estados Unidos en La Paz, “las tribus son dueñas de los recursos naturales que están sobre la tierra y debajo de ella”, y “donde hay gas, su propiedad es de los pueblos indígenas y no de la totalidad de la población”.

Estas afirmaciones no revestirían otra importancia que la de una insolente intromisión teórica en los asuntos internos de un país extranjero, si no fuera porque Bolivia adhirió sin reparos a la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas del 2007. Si transgrede sus normas, podría ser demandada ante la Corte Interamericana de Justicia, cuyos fallos pretenden ser obligatorios. Las secuelas de una condena de ese género no se podrían pronosticar por anticipado, pero el mundo está mostrando en estos momentos los extremos a los que se puede llegar si se cae en ese camino. El rechazo de los países del ALBA a la intervención de la OTAN contra Libia, por ejemplo, es expresiva del temor que suscitan las potencialidades ínsitas en la sistematización de una legalidad supranacional controlada por las grandes potencias.  (1)

El teorema que defiende el derecho a disponer los recursos naturales sobre los que se asientan los pueblos originarios tiene un corolario al que se pretende disimular: la transferencia de esos recursos a las transnacionales, que serían las únicas en condiciones de ofrecer el utillaje, los capitales privados y los sobornos que les permitirían llevar adelante a semejante empresa sin el auxilio del Estado. Ello llevaría a la corrupción de los dirigentes del estamento indígena y vaciaría al poder central de su capacidad para llevar a cabo una gestión independiente que contemple el desarrollo de Bolivia como un todo.

Como de manera irónica o no tan irónica señala Andrés Soliz Rada(2) en un reciente y luminoso artículo: “A partir de la decisión de suspender la construcción de la carretera que debía unir a los departamentos de Cochabamba y Beni (demorada desde hace 185 años) Bolivia es el primer país de América del Sur y quizá del mundo donde las ONG controlan el poder. A partir de ahora todas las obras viales necesitarán la aquiescencia de grupos que responden al Centro de Estudios Jurídicos, financiado por países de Europa occidental y al Centro de Investigación y Promoción del Campesinado, subvencionado por la Embajada de Estados Unidos. Lo anterior incluye intentos de construir plantas hidroeléctricas o termoeléctricas, plantas concentradoras de minerales, modernizar la agricultura o la agroindustria y promover flujos poblacionales en un país donde hay escasa población donde hay muchos árboles y mucha población donde hay pocos árboles”.

No es la primera vez que esta columna se pronuncia contra el indigenismo a ultranza, contra la utilización demagógica y mentirosa de las legítimas reivindicaciones de los pueblos aislados o relegados por parte de los poderes sistémicos que se enseñorean del mundo. Ahora bien, es indispensable reconocer la originalidad cultural y los derechos sociales y humanos de los más pobres entre los pobres de la tierra, pero sin separarlos por ello del cuerpo nacional en el cual se encuentran. Como dijo Samir Amin y no nos cansamos de repetir, es importante ser diferentes, pero más importante aún es ser iguales. La absolutización del principio de originalidad sólo puede resultar en la manipulación divisionista, en la creación de conflictos artificiales y en el debilitamiento de las estructuras nacionales que, en América latina, pugnan por asociarse más estrechamente con miras a constituir un bloque regional capaz de resistir las presiones del imperialismo rampante.

Los Caballos de Troya

En el siglo XIX el imperialismo balcanizó este continente en países que se daban la espalda para mirar hacia las metrópolis. En el XXI podemos estar ciertos de que intentará astillarlo en partículas étnicas allí donde la oportunidad se presente. El de Bolivia puede ser un caso testigo. Seguramente que en otros lugares los intentos se adecuarían a la naturaleza de los distintos escenarios, pero el principio es el mismo y tiene validez tanto para el Beni como para la Amazonia –el pulmón del planeta-, para la región de los hielos continentales en Argentina o para las reservas del acuífero guaraní. Todos son recursos de enorme valor y su control de parte del sistema hegemónico podrá ser camuflado como un requerimiento para la preservación planetaria…

El divide et impera siempre ha sido un principio rector de los sistemas hegemónicos. Después de la caída de la URSS, sin embargo, se ha transformado en un principio rector que está haciendo estragos en todo el planeta. La ex URSS ha volado en pedazos, Yugoslavia fue hachada en trozos, en Irak un estado moderno en la medida que tal cosa podía darse en Medio Oriente, se transformó en un área desolada segmentada entre chiítas, sunitas y kurdos; y en Libia, también un país avanzado de acuerdo a los patrones que evalúan el desarrollo en base a los datos de su crecimiento industrial y demográfico, a la situación de la mujer, a la salud y al alfabetismo, ha sido librado a la pulsión divisoria de las rencillas tribales, avivadas y sostenidas militarmente por la OTAN. Tras lo cual podemos estar seguros que las petroleras occidentales avanzarán sin trabas y que Francia y Estados Unidos podrán hacer del territorio de la Yamahiriya un trampolín para avanzar sobre el África negra.

En las condiciones del mundo actual el ecologismo y el indigenismo, dos movimientos que pueden haber surgido de la genuina preocupación por el cambio climático y el destino de los pobladores más indefensos del planeta, se están transformado o se han transformado ya en Caballos de Troya, en los arietes que necesita el imperialismo para avanzar en su esquema globalizador. La democracia corre el riesgo de convertirse en otro, en la medida que los más que legítimos reclamos de pueblos vejados por regímenes tiránicos salen a la luz y el imperio –que hasta aquí había apoyado a esos regímenes tiránicos- se apresura a aprovechar el descontento popular para deshacerse de las figuras que se han gastado a su servicio, poniendo en su lugar otras que se ocuparán en seguir manteniendo las relaciones de dependencia con el centro mundial, pero que proporcionarán una pátina de renovación al mantenimiento del estatus quo. La “primavera árabe” es un ejemplo de esto: en Egipto y Túnez las bases del sistema siguen intocadas después de la caída de Mubarak y de Ben Ali. Es de observar que en este último país han proliferado las ONG, que se encargarían de facilitar la transición democrática y “adiestrar” a la población para las próximas elecciones. ¿Desde cuándo es necesario el entrenamiento para emitir el voto?

La observación de la evolución del mundo en las últimas décadas demuestra que la cuestión pasa no tanto por saber si los regímenes periféricos cumplen o no cumplen con los requisitos convencionales de la democracia formal, sino por la posibilidad que estos países tendrán de determinar su propio porvenir. Los ecologismos y las ONG proponen una agenda que resulta muy utilizable para el proyecto de las potencias imperiales en el sentido de banalizar y normalizar el derecho a la ingerencia. Con la secuela de estragos y de seguro sometimiento que esto comportaría para los pueblos que pugnan, trabajosamente, por escapar a una servidumbre colonial que dura desde hace siglos y que les ha impedido organizarse como naciones de veras modernas.

Palabras más, palabras menos, muchos años atrás León Trotsky sintetizaba este dilema diciendo: “Los civilizados cierran el camino a los que se civilizan”.

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Notas

1) Los extremos a que puede dar lugar la judicialización maniática de todos los problemas se demuestra hoy mismo con la denuncia de doce diputados opositores al presidente Evo Morales calificándolo (nada menos que a él) como “genocida” por la abusiva –pero no mortífera- represión que la policía llevó a cabo contra la manifestación opuesta al trazado de la carretera al Beni. La Fiscalía boliviana admitió la demanda.

2) Ministro de Hidrocarburos en el primer gabinete de Evo, alejado del gobierno por diferencias en torno de las políticas de fondo que son necesarias para reforzar el Estado y promover el desarrollo.