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Estos son días de confusión en el ámbito de la política nacional. Esto no es ninguna novedad. Pero lo que diferencia a este momento de otros instantes del turbio discurrir político de nuestro país es el grado de irritabilidad y la extrema tensión que exhiben los sectores en pugna. Los ímpetus destituyentes del conglomerado en que se alinea la oposición no tienen otro factor que los acomune que el deseo de trabar las iniciativas gubernamentales, más allá de cualquier evaluación de estas. Para poner un ejemplo: la actitud del Senado convocando con 45 minutos de antelación a la designada presidente del Banco Central, Mercedes Marcó del Pont, que violó todos los plazos reglamentarios y se salteó el debate. Asimismo, la decisión inicial de rechazar el pliego de la nueva titular del Banco sin darle oportunidad siquiera de hacer uso de la palabra redobló la arbitrariedad y la insolencia de lo que podría denominar “el frente del rechazo”. Nucleamiento que, en el fondo, y por el simple peso de los datos objetivos que da la relación de fuerzas dentro del arco opositor, es expresivo del poderío de los sectores vinculados a la ortodoxia económica de cuño neoliberal. ¿O pueden los personeros de la izquierda, que guardaron un silencio cómplice ante el procedimiento inquisitorial del Senado contra Marcó del Pont, suponer que los sectores postergados a los que dicen representar van a salir favorecidos con este bloqueo?

Es cierto que el tema de la utilización de las reservas para servir los intereses de la deuda en gran parte ilegítima que nos abruma es una cuestión espinosa, pero pasa en primer término por un dilema de hierro: pagar con esos fondos –que según todos los cálculos serán compensados con creces al finalizar el año fiscal y con el ingreso de las divisas provenientes de la exportación- o pagar con ajuste. Esto es, con un retorno a las políticas de Cavallo, Menem o De la Rúa.

La otra opción, no pagar en absoluto, es inviable en el marco de las relaciones de fuerza internacionales. Con todo, ello no debería obstar para auditar, investigar a fondo y de una vez por todas la gigantesca trampa en que el país fue sumido a partir de los tiempos de la dictadura, preparando así el terreno para un eventual desconocimiento de los montos ilegítimos de la deuda cuando Argentina pueda ser acompañada en esa actitud por una solidaridad regional que todavía no está madura.

El gobierno nacional tampoco se ha distinguido por su prudencia y por su sentido de las proporciones en la áspera pelea que viene sosteniendo contra el frente opositor. El discurso presidencial arremetiendo contra el Poder Judicial como un bloque no ayudó a facilitar las cosas en un momento en que la relación de fuerzas en el Parlamento es desfavorable al gobierno y en que vastos sectores de la opinión, básicamente de clase media, aparecen como permeables al discurso de los monopolios mediáticos, empeñados en una ofensiva que apunta a un golpe institucional con sabor a vendetta y que expresa asimismo los intereses del establishment oligárquico y financiero. Un poco más de astucia no habría venido mal. De cualquier modo es preferible la actitud de Cristina Fernández, que pone de manifiesto su voluntad de no arredrarse frente a la ofensiva sino de contraatacar con fuerza, a una postura débil y timorata. Pero la cosa tendría más sentido si el gobierno estuviera dispuesto a movilizar masivamente a una base social (presunta) contra el lobby judicial, político y eclesiástico que hoy se esfuerza en ponerle bastones en las ruedas. Empero, no hay señales evidentes de que eso vaya (o pueda) suceder y esa incógnita siembra la duda incluso entre quienes no verían con desagrado  rumbo de colisión más directo todavía.

Por supuesto, importa diferenciar entre el oficialismo, que cuenta con un proyecto coherente, renovador hasta cierto punto, que está unificado y dispone de una conducción precisa, y el batiburrillo opositor, donde se codean los exponentes de lo peor que tuvo que soportar el país en su larga historia, con grupos de izquierda y con remanentes rescatables de un partido que fue capaz de encarnar unas legítimas aspiraciones nacionales en algún período de su trayecto, como lo fuera el radicalismo. Ahora bien, lo que se ventila en esta puja es la gobernabilidad de aquí al 2011 y, en consecuencia, la posibilidad de mantener un rumbo similar o superior al adoptado a partir del 2003, o volver a las prácticas neoliberales, que proponen con una terquedad digna de mejor causa la subordinación del país al diktat de los organismos internacionales de crédito y, como inexorable consecuencia, al ajuste perpetuo.

El dilema está claro. Sólo el poder hipnótico de los mass media y la ignorancia y despolitización que el lavado de cerebro que estos han fomentado a lo largo de décadas en amplias capas de la opinión, pueden perturbar el juicio de esta y volcarla a un voto suicida, no sólo para el país en general, sino también para muchos de los que protestan contra el estado de cosas sin haber elaborado un juicio cierto acerca de sus características y ostentando una fabulosa falta de memoria respecto de lo acontecido en nuestro pasado reciente.

El seguimiento del curso que está tomando la realidad política en el plano interno no debería sin embargo hacer perder de vista algunos hechos relevantes que se han producido en estas semanas, que nos afectan y que, con seguridad, van a tomar un relieve mucho más evidente a medida que pase el tiempo y se disipen los malos vapores que emanan del caldero de la política pequeña y de los recocinados intereses de los grupos dominantes.

Un paso adelante

Por ejemplo, la reciente cumbre presidencial de Cancún, que dio a luz a un nuevo organismo: la Comunidad de Naciones de América Latina y el Caribe. Su destino, como el de todas las cosas cuando nacen, es aun incierto, pero la determinación de fundarla es un salto cualitativo muy grande respecto de lo que hasta ahora han sido las relaciones entre los países que se extienden al sur del Río Bravo.

La unidad de América Latina es una posibilidad abonada por la cultura y la historia, pero de ninguna manera es una fatalidad, una perspectiva irrevocable. Obtenerla costará esfuerzos y tal vez grandes sacrificios. Desde el nacimiento de los países cuya independencia se festeja en este Bicentenario, su destino se encontró a la sombra de los imperialismos. Gran Bretaña primero y, después, en forma gradual pero aplastante, Estados Unidos, ejercieron un derecho de pernada sobre las sociedades nucleadas en torno de unas ciudades portuarias que se convirtieron en el punto organizador de unas “naciones” vueltas del revés, olvidadas de su propio desarrollo y orientadas en la dirección que les marcaba su comercio externo; lo que les supuso un crecimiento contrahecho y dependiente. Menudearon las intervenciones, presiones y golpes de estado para mantenerlas en esa situación, piloteados o alentados por el imperialismo. En algunas ocasiones esos operativos se transformaron en actos de piratería lisa y llana que se adueñaron de porciones importantísimas de territorio. El caso de México es ilustrativo en este sentido. Al final de la guerra de 1846-47, provocada por Estados Unidos, hubo de ceder el 51 por ciento de su superficie, hoy convertida en los estados de California, Nuevo México, Arizona y Texas. La invención de Panamá, arrancado a Colombia por golpe secesionista promovido por Estados Unidos a los fines de controlar la zona y construir en ella el estratégico canal interoceánico, fue en 1903 otro ejemplo de la indefensión de estos países. Para rematar podemos apelar al fresco recuerdo de la guerra de Malvinas, en 1982, cuando un poder extracontinental reafirmó militarmente su usurpación del archipiélago con el apoyo explícito y práctico de Estados Unidos, sin el cual la guerra pudo haber tenido un final muy diferente al que tuvo.

En apariencia se trata de un desarrollo paradójico, puesto que, junto a estas tropelías, Estados Unidos siempre adujo tutelar la libertad y la democracia de nuestras naciones. Desde luego, esto es una simple paparrucha, una mentira evidente que los sectores dominantes de estos países –que viven en estrecha simbiosis con el sistema de poder global- no se tragan pero que admiten con cínica benevolencia. Ella ha fungido como vaselina mediática para agilizar el tránsito de los lugares comunes que generan el ámbito de irrealidad en el cual nos movemos y donde tan difícil se hace promover iniciativas nacionales dotadas de asidero.

Desde un principio todas las doctrinas elaboradas por Estados Unidos respecto de Latinoamérica estuvieron inspiradas por la inserción de esta como parte subordinada al “destino manifiesto” del país del Norte. La doctrina Monroe (América para los americanos) transparentó esta proposición, toda vez que, para la comprensión corriente del pueblo estadounidense, por americanos se entiende a los nativos de su nación. El discurso se refinó andando el tiempo, pero todos los instrumentos que surgieron con el aliento de Washington para servir a la organización del hemisferio estuvieron siempre signados con la misma marca. La Unión Panamericana creada en 1910 en la IV Conferencia Interamericana, y la Organización de Estados Americanos (OEA) que la reemplazó en 1948, fueron siempre instrumentos del Departamento de Estado. La política del “buen vecino” acuñada por Franklin Roosevelt en los años ’30 no fue óbice para las intervenciones en Centroamérica y para la feroz hostilidad desatada contra Argentina cuando esta se aferró a una política neutralista durante la segunda guerra mundial. Este último episodio estuvo connotado en 1944 por un intento de parte de Washington en el sentido de fomentar una guerra en la Cuenca del Plata, usando a Brasil como ariete contra nuestro país. La escuadra del Atlántico Sur se aproximó a Buenos Aires con fines amedrentadores y su jefe el almirante Jonas H. Ingram propuso inclusive atacar a la ciudad con los 200 aviones que tenía a su disposición. Si la presión de Estados Unidos fracasó en ese momento se debió a la firme voluntad del presidente brasileño Getulio Vargas de no conformarse en jugar el papel de títere de Washington y a su decisión de no involucrarse en ninguna agresión contra Argentina. Otro factor que pesó decisivamente para que el ataque no se concretase fue la nula disposición británica a prestar su aprobación, pues Londres no quería comprometer su principal fuente de abastecimiento alimentario y era bien consciente de que, detrás de la maniobra estadounidense, estaba el interés no sólo de castigar la “arrogancia” nacionalista de Argentina, sino de apropiarse de las cuantiosas inversiones alemanas en nuestro país y, sobre todo, el de desalojar a Gran Bretaña del lugar privilegiado que tenía en el plano de las relaciones económicas con Argentina, último retazo del Imperio en América del Sur. (1)

Así pues, la presencia de Estados Unidos en organismos que dicen representar los intereses del conjunto de los países del hemisferio es un despropósito, ha sido viable tan solo por la debilidad que durante tanto tiempo ha caracterizado a las cancillerías latinoamericanas. Ahora, cuando la devastación producida por las políticas de Consenso de Washington ha promovido una reacción profunda, dando lugar al surgimiento de varios gobiernos populares que sienten la globalización como una trampa, la supervivencia de esas vetustas políticas y la existencia de organismos como la OEA, que no son otra cosa que sinecuras para ociosos diplomáticos, resultan no digamos intolerables, pero sí investidos de una superfluidad que debe ser extirpada. Tal vez sin hacer desaparecer a esos paquidermos en un primer momento, pero sí generando otros organismos que estén vivos y que se ocupen de los asuntos que realmente importan a la región. La UNASUR y el MERCOSUR son dos herramientas muy válidas en este sentido, pero se mantienen en el territorio de Suramérica, mientras que la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños no sólo incluye a Cuba y varios miniestados isleños hasta ahora vinculados a Gran Bretaña y otras potencias europeas, sino que inserta a México, con sus más de 100 millones de habitantes, como protagonista de primer nivel en la resolución de los destinos del continente. La no inclusión en el nuevo organismo de Estados Unidos y Canadá da relieve a esta voluntad autonomista.

El protagonismo que puede tener México en la Comunidad recién forjada replantea un tema no bien dilucidado todavía pero de extrema importancia. ¿Hay que pensar en Suramérica o en Latinoamérica como entidad conjunta? Desde el punto de vista de la practicidad y de los intereses inmediatos parecería que el primer conglomerado sería más manejable. Sin embargo, ello implicaría renunciar a un segmento capital de la abigarrada esencia cultural de Latinoamérica, amén de otorgar a Brasil un papel desproporcionadamente prominente como cabeza del proceso de integración. En la perspectiva brasileña México había sido confinado con cierta ligereza a una pertenencia norte-americana que de alguna manera significaba la definitiva reducción de ese país a un rol subordinado a Estados Unidos. Por el contrario, el gobierno de Felipe Calderón, al revés de lo que sucedía con el de Vicente Fox, está buscando reducir su dependencia económica y política de Washington y explorando una política latinoamericana provista de una dimensión económica, política y cultural. Este es un dato de gran importancia que conviene no echar en saco roto.

Como se ve, más allá del estrépito vacío de la política local, el mundo se mueve. Lo que importa es que los desórdenes que nos afligen no hagan perder de vista las pulsiones que recorren a Latinoamérica. Que los árboles no nos tapen el bosque.



1) Para una relación circunstanciada de estos desarrollos, consultar el libro de Luiz Alberto Moniz Bandeira: Argentina, Brasil y Estados Unidos. De la Triple Alianza al Mercosur, páginas de 179 a 187. Editorial Norma, Buenos Aires, 2004.