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En el caso Honduras, el tiempo pasa y las cosas siguen iguales. Tras el batifondo generado por el golpe cívico-militar y la inquietud que esa movida instaló en los gobiernos democráticos de América latina, la cuestión parece haber quedado en agua de borrajas. Como suele ocurrir en los casos de disputas donde hay un contrincante abrumadoramente más fuerte, a medida que pasan los días, las semanas y los meses la política del hecho consumado se solidifica. Ahora bien, el jugador más fuerte no es, como resulta evidente, el gobierno de facto de Roberto Micheletti ni la guardia nacional hondureña. El factor determinante del estatu quo es la fuerza del imperialismo norteamericano, que estuvo en la gestación del golpe o que al menos le brindó luz verde.

Al decir imperialismo, sin embargo, hay que cuidar los matices. Es posible que el gobierno de Barack Obama no haya estado en un primer momento detrás de la decisión de relevar a Manuel Zelaya, pero no hay duda de que quienes llevaron a cabo la empresa se movieron en la persuasión de que su actitud encajaba bien en la preconizada por los estamentos de la inteligencia militar que diseñan los planes para el Southcom. La importancia estratégica de los países de América Central (Honduras, Nicaragua, Panamá, Guatemala y El Salvador) es obvia y se encuentra vinculada a su carácter de corredor de tránsito entre dos continentes y dos océanos. Que uno de esos países pendulara hacia el ALBA, la Alianza Bolivariana para las Américas, era razón suficiente para dar un golpe que frenase esa opción y sirviera de advertencia a otros posibles deslizamientos en el área.

En un primer momento el golpe en Honduras generó mucho revuelo. El presidente Manuel Zelaya amenazó con retornar al país de donde había sido expulsado, gesticuló en la frontera, realizó numerosas gestiones diplomáticas, se entrevistó con una serie de mandatarios y apeló al presidente norteamericano, en cuyas manos, se supone, estaría la posibilidad de facilitar su retorno al gobierno. Obama, sin embargo, junto a su secretaria de Estado Hillary Clinton, dio largas al asunto, escudándose en razones bien sustantivas: la solicitud de Zelaya y otros presidentes latinoamericanos parecería responder a un doble discurso tan frívolo como repudiable, pues solicita la práctica de un intervencionismo estadounidense que va contrapelo de la doctrina de no intervención que preconizan los gobiernos latinoamericanos, conocedores de la política del big stick por una larga experiencia histórica y teóricamente opuestos a la instrumentación de cualquier intromisión en sus asuntos de parte del gigante norteño.

El argumento de Obama-Clinton es una excusa, por supuesto, pero desde un punto de vista propagandístico es inatacable. Estos malabarismos paradójicos tienen aun otro repliegue. Como engarzándose en la cadena de hechos que llevaron al derrocamiento de Zelaya, la decisión adoptada por este durante el último tramo de su gobierno en el sentido de abrir al tráfico comercial las pistas de la base militar norteamericana de Soto-Cano, parece haber servido de inspiración a Estados Unidos para multiplicar los asentamientos militares en Colombia valiéndose de un artilugio retórico parecido. Es así que primero tres, luego cinco y ahora hasta siete bases estadounidenses se han asentado en territorio colombiano aduciendo que no son tales, sino que aprovechan las facilidades que generosamente le ofrece el gobierno de Bogotá para utilizar las instalaciones pertenecientes a las fuerzas armadas de Colombia.

Son estos los temas que rondarán en la cumbre de presidentes de la UNASUR a realizarse en Bariloche partir del próximo viernes. Lula da Silva había invitado a Obama a enviar representantes a ese cónclave, oferta que fue declinada cortésmente por el gobierno de Estados Unidos. El gobierno norteamericano desestimó participar del encuentro por la sencilla –y valedera- razón de que no está representado en ese conglomerado y de que entiende que “nada tenemos que hacer allí”.

Toda la ambigua relación de los países iberoamericanos con el coloso del Norte se condensa en estas idas y venidas. Latinoamérica no termina de romper el cordón umbilical de una vinculación panamericana que pretende adjuntar dos realidades incompatibles entre sí, la representada por Washington y la tendencia a superar la dependencia en que nos encontramos respecto a este. No se trata, obviamente, de romper las vinculaciones comerciales y diplomáticas con el Norte ni de encararlo con hostilidad manifiesta, pero sí de poner al tema en su justa perspectiva, que debería pasar por la capacidad de autocentrarse de los países iberoamericanos a fin de encontrar un terreno común desde el cual afrontar la pesada presencia que se cierne desde el Imperio. Solicitar la intervención estadounidense para mover el piso a los golpistas hondureños es como pedirle al zorro que guarde a las gallinas y representa una especie de renunciamiento, de entrada, a la posibilidad de estructurar una política conjunta respecto de ese y muchos otros asuntos.

Hay mucho por andar antes de que América latina se perciba a sí misma como una unidad. Desde luego, esta percepción, de lograrse plenamente, no va a poder nunca olvidar la fatalidad geopolítica que la une al hemisferio occidental. Antagonizar a Estados Unidos de manera rimbombante no va a aportar saldos positivos, pero tampoco lo hará una política de reverencioso temor. Se trata, entonces, de encontrar un justo medio que nos consienta pararnos sobre nuestras propias piernas a fin de constituir una entidad capaz de imponer respeto. El resguardo de los recursos nacionales, el fortalecimiento del aparato de la defensa, una actitud flexible pero firme que facilite la negociación con los sectores más sensatos del establishment norteamericano sin abdicar nuestros intereses, son recursos que están al alcance de la mano, si las fuerzas populares de esta parte del mundo son capaces de operar sobre sus dirigencias para que adopten un curso parecido. Pero para esto será preciso, antes, que esas fuerzas lleven a cabo la revolución democrática dentro de sus propias sociedades. Esto es, que reduzcan o anulen la capacidad de influencia de las entidades volcadas al control del aparato económico y comunicacional, carentes de todo otro proyecto que no sea la persecución de sus propios y acotados intereses. Hay que forzar también, de manera simultánea, la concepción y puesta en marcha de un proyecto de reformas estructurales para el cual muchos de estos países están maduros, pero que carecen aun de aparatos partidarios capaces de asumirlo.

Otra vez el campo

Por ejemplo, en este preciso momento, en Argentina vuelve a perfilarse el conflicto del campo, espacio donde se concentran los rasgos de la economía rentística que ha gravado nuestro destino desde la organización nacional en adelante. El conflicto es parecido, aunque no idéntico, al que opuso a la oligarquía con las pretensiones modernizantes del primer peronismo. Los datos del problema han cambiado bastante, sin embargo: la oligarquía pecuaria y el complejo de intereses bursátiles a su servicio se ha visto henchida por el aporte de los medianos productores, en otros tiempos adversarios de aquellos, devenidos hoy en aliados debido a la invasión de los pool de siembra de origen foráneo, que les permiten participar sin esfuerzo de la renta parasitaria de la tierra.

Esta disputa, que arrancara el año pasado con el tema de las retenciones, es un asunto de capital importancia, al que tal vez no se le da la significación que de veras tiene, en parte debido a la pésima política comunicacional del gobierno y en parte por las hesitaciones que lo afectan respecto a la necesidad de ir al choque con las fuerzas que casi siempre han detentado el poder en la Argentina.

Pero las líneas generales que agrupan a los bandos en pugna han comenzado a hacerse evidentes al público, a pesar de que gran parte de este siga enfeudado al diktat ideológico de la gran burguesía agraria y financiera, o a que a otros la insuficiencia, lentitud e indecisión los gobiernos Kirchner pueden haberles agotado la paciencia. Pero la pareja presidencial parece haber recuperado la iniciativa después del knock-down del 28 de Junio y ello es importante. Cuánto más profundicen en el nuevo curso asumido mejor podrán justificar su presencia al frente del Ejecutivo. A iniciativas de gran impacto popular como son la demolición del monopolio Torneos y Competencias, que termina con las regalías que los sectores populares habían de oblar para contemplar su entretenimiento favorito, se vendría a sumar la estratégica Ley de Medios, dirigida a romper el virtual monopolio de los medios de prensa y de la televisión que ejercían grupos concentrados de poder, fusionados ya con los intereses del sistema dominante.

Las semanas que se avecinan pueden ser determinantes para la definición de la marcha del país en la recta que conduce a las elecciones del 2011. El período que falta para el recambio legislativo con seguridad va a concentrar algunas de las batallas más ásperas que se han dado en el ámbito del Congreso. Esperemos que haya firmeza en las posturas gubernamentales, y que estas sean ampliadas hacia la consideración de la indispensable reforma impositiva, anunciada pero postergada desde hace una década. Y tomemos en cuenta, por último, que esa firmeza sólo va a tomar consistencia si es henchida por una voluntad popular capaz de manifestarse en la calle.