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Los "escraches" que protagonizan los ruralistas contra figuras del Frente para la Victoria en el marco de la campaña electoral para las elecciones legislativas del 28 de Junio, están subiendo de tono. El diputado Agustín Rossi hubo de soportar dos ataques con huevos e insultos en Santa Fe, y el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli, fue recibido en la localidad de Lobería con una lluvia de cascotes, terrones, huevos y salivazos. Del vocerío se está pasando, rápidamente, a la agresión física.

Por su lado Elisa Carrió, vocera iluminada de la intransigencia ética, opinó que el diputado Rossi había provocado los episodios en los que se vio involucrado porque "debe entender que no puede caminar por la provincia a la que humilló y traicionó en la Cámara de Diputados", en aparente alusión al voto positivo de Rossi en el caso de las retenciones al agro. Y hace un tiempo nos referimos a una carta de los lectores publicada en un matutino porteño que señalaba que la Argentina tiene unos problemas que se arreglan "con dos balas bien puestas", en obvia alusión a la Presidenta de la Nación y a su esposo. Ahora la presidente de la Sociedad Rural de Lobería, en la provincia de Buenos Aires, comentando unas palabras de Daniel Scioli afirmando que tendrían que pegarle un tiro para "bajarlo de los actos" de campaña, dijo que el gobernador debería tener cuidado al realizar este tipo de declaraciones, "pues siempre puede haber alguien con buena puntería".

Ampararse en la prepotencia del número para atacar a quien proponen una alternativa política diferente a la propia y lo hacen apelando a los mecanismos institucionales, es una actitud indefendible. Así como lo es la petulante y riesgosa ofensa que supone designar, aunque sea irónicamente, a una figura pública como blanco eventual de un francotirador.

Pero el tema es cómo, cuando las papas queman, un sector de la pequeña burguesía agraria se convierte en la fuerza de choque de la oligarquía. Es decir, del estamento que configuró a la Argentina a través de expedientes que manejaron, alternativamente, el Remington, el fraude y los golpes militares.

Ahora bien, ¿qué justifica el nivel de agresividad desplegado en estos momentos por la Sociedad Rural y el establishment agropecuario, asociados a los grupos más concentrados del capitalismo financiero? Tal vez la percepción de que se está gestando un cambio que podría revocar definitivamente las ventajas que detentan como grupo; tal vez el envalentonamiento que han ido sumando en los últimos años a partir de la inoperancia del gobierno para jugar su papel como factor de orden en el país.

La obstinada timidez del Ejecutivo para proceder contra los piqueteros "paquetes" de Gualeguaychú, extensible a la actitud asimismo timorata frente a un lock out del campo que supuso el desabastecimiento deliberado de las ciudades; el oportunismo político que desplegó para desligarse de su obligación frente a algo tan inconcebible e ilegal como el corte de los pasos internacionales al Uruguay, fueron factores que debilitaron al Ejecutivo, aunque le hayan ayudado a sortear problemas y a no poner a prueba la capacidad de respuesta del aparato de seguridad en instancias como las mencionadas.

Sin embargo la reacción del llamado "partido del campo" en lo esencial surge de la inveterada oposición que este despliega frente a cualquier intento que apunte a lograr una industrialización importante del país. La razón es bastante simple y se conecta a una cada vez más inviable decisión de revocar la evolución argentina para acomodarla a los propios y estrechos intereses. Un país industrializado es un país cuya población posee capacidad adquisitiva y genera un mercado interno de considerables proporciones. Pero el  "campo" no está preocupado por abastecerlo: su opción favorita se centra en las exportaciones, que ofrecen perspectivas más rentables al reducido pero potente grupo de productores que las explotan.

En consecuencia cualquier intento de revertir esta ecuación se encontrará con la oposición cerril de quienes no quieren ver recortado ni un ápice de sus superganancias, en especial en períodos como el actual, en el que las commodities parecen tener un horizonte abierto y de proyecciones inagotables. Se dirá, ¿por qué la masa dineraria acumulada de ese modo no se reinvierte para hacer el país? Pues por la sencilla razón que apuntábamos primero: al mal llamado "campo" le conviene un mercado interno de magnitud reducida para sacar al exterior el grueso de sus cosechas.

Así se completa la cuadratura del círculo. Pues ese proyecto es un proyecto inviable, a menos que se extermine o se mantenga de cara al suelo a la mayor proporción de los habitantes de la República. Algunas figuras de la farándula, en su descocada indiferencia y su insoportable superficialidad, ponen negro sobre blanco el trasfondo despótico de la maniobra: ante el crecimiento de la delincuencia proclaman muy sueltas de cuerpo que "si es necesario hay que matarlos de chicos para impedir que se vengan grandes",  "pena de muerte para los que matan", y otras lindezas por el estilo.

Por supuesto, son palabras emitidas por personas irresponsables y de caletre insuficiente, pero no por eso dejan de transmitir la inmoralidad que habita en el fondo de un proyecto como el que reseñáramos antes y que otros personajes prefieren edulcorar o negar a veces, quizá, de buena fe.

No hay porqué sorprenderse demasiado, sin embargo. Refinados intelectuales opinan parecido aunque por lo general de forma más sofisticada. Mariano Grondona reclamaba hace unos años, ante la descomposición social que se insinuaba en Buenos Aires, sacar los tanques a las calles. Nadie en su sano juicio podría avalar esa propuesta en un país recorrido por funestos recuerdos en ese sentido. Por otra parte, nadie puede estar seguro del papel que las desguazadas Fuerzas Armadas pueden llegar a jugar en una instancia crítica. El ejemplo de Hugo Chávez ronda el imaginario de los núcleos de poder, que por lo tanto prefieren atenerse a los mecanismos institucionales y al poderío de los monopolios de la comunicación para instalar su versión de las cosas y restringir los cambios.

Que estos cambios deben realizarse y profundizarse es cosa de la que no cabe duda. Que el actual gobierno tenga la fuerza o la decisión de hacerlo, es una incógnita. Reforma fiscal, reforma de la ley de entidades financieras, renacionalización del petróleo, recuperación de la renta minera o al menos imposición de retenciones a esta que permitan que quede en el país una parte de los réditos que hoy se exportan; y limpieza de las instancias burocráticas que hoy se sospechan manchadas de corrupción, son los expedientes que nos confirmarían que, finalmente, el país asegura su curso. Por supuesto que un programa de esta envergadura no puede realizarse con los juegos de comité y de la pequeña política. Requiere de un apoyo masivo en la calle y de un compromiso gubernamental que suscite ese apoyo.

Sobre esto último no tenemos ninguna certeza. Pero de la oposición, con contadas excepciones sin incidencia electoral, no puede esperarse absolutamente nada en este sentido. Esto es lo que hay y me temo que no haya otra alternativa que respaldarlo.

Eso sí, en la comprensión de que ese respaldo no supone tanto un apoyo al gobierno sobre el cual este pueda descansar, sino que aspira a ser una mano que lo empuje hacia delante.