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02
MAR
2009

Nación y antinación

El país está pasando por una circunstancia clave. En el remolino de la crisis mundial se han avivado viejas antinomias que siguen sin ser superadas y que requerirían de un examen inclemente para ponerlas en claro.

El contenido del discurso de la presidenta Cristina Fernández en ocasión de inaugurar las sesiones legislativas del presente año fue inobjetable. No tan así su puesta en escena de parte del canal oficial, por demás rígida y que con seguridad proporcionará letra a la oposición para aducir que sus referentes fueron excluidos con deliberación del cuadro o incluidos apenas en este. Con lo cual se ayudará a fomentar el chismorreo y el barullo sensacionalista con los que el monopolio mediático intenta distraer al país de sus verdaderos problemas.

Más allá de estas aparentes nimiedades, sin embargo, el discurso fue sustantivo. No podemos saber todavía si el gobierno tiene una decisión firme para asumir las conductas que dicta la hora, pero sí al menos que está consciente de lo que se encuentra en juego en estos momentos

Las viejas antinomias argentinas gestadas en torno del núcleo polémico de la nación contra la antinación vuelven a manifestarse con una contundencia evidente. El poder ejecutivo está asumiendo, tal vez más por la fatalidad de las cosas que por una decisión voluntaria de afrontar el desafío, el papel positivo en este diferendo. Es decir, el de la nación que quiere constituirse, contra el peso de la antinación representado por las clases altas que han predominado en la definición del curso que siguió el país.

En el caso de las potencias metropolitanas las clases elevadas han representado el rol fundante del vigor y la entidad de esas naciones; pero, en el de los países sumidos en el atraso, la dependencia y el coloniaje, su función ha sido y es la inversa. Es decir que dichas clases sólo existen por su carácter funcional al régimen global imperialista, del que son el apéndice destinado a frenar el deseo de los pueblos en el sentido de constituirse como naciones evolucionadas, capaces de defenderse de los poderes externos que las oprimen.

Estos núcleos de privilegio representan un obstáculo insalvable para el desarrollo de los países que los padecen y, por lo tanto, deben ser removidos o, al menos, disciplinados. En la Argentina tal cosa hasta hoy no se ha logrado. La memoria del país ubérrimo de ocho millones de habitantes que permitía a sus sectores dominantes y a una clase media sometida a su clientelismo intelectual y político, vivir suntuariamente de la renta agropecuaria sin afrontar mayores dificultades en el plano interno, sigue fijada en la mente de esos sectores, que se han negado cerrilmente a reconocer la evidencia de que ese “modelo” de país ha caducado hace casi 80 años. En la defensa de esa estructura, inviable en las condiciones de un país moderno, han actuado, conspirado, bombardeado, fusilado y asesinado en masa, determinando un atraso que ha relegado a la Argentina desde el puesto de privilegio que había logrado hacia 1955 en América latina, a la posición de un país que se mueve, en el mejor de los casos, en la estela de Brasil y que no termina de definir su propio proyecto de desarrollo, indisociable de la unidad y el desarrollo latinoamericanos.

En uno de sus artículos elegantes e imbuidos de sutil veneno Mariano Grondona define la lucha que se ha generado en estos momentos en torno del poder en el país, como un conflicto ideológico. Apelando nada menos que a Marx, nuestro ilustre sofista sostiene que las ideologías más que a una verdadera descripción neutral de los hechos tenderían a ser un sofisticado intento de manipulación al servicio de sus promotores. Estas ideologías, también según Marx, enmascaran a intereses muy concretos. Para Grondona tales intereses en el momento actual son los del Gobierno, que tiende a quedarse con el sobrante o plusvalía “del campo” para atender a sus propias necesidades, dando a entender que tales necesidades serían el clientelismo y el relleno de las arcas fiscales y, por qué no, el de los bolsillos de los personajes que invisten la autoridad.

Sorprendente. No por Marx, que sabía de lo que hablaba, sino por el contexto en el que Grondona sitúa la cita de referencia. En especial si se toma en cuenta que el sobrante o plusvalía, en este país, ha sido acaparado a lo largo de la mayor parte de la historia por los sectores a los que el mismo Grondona representa. Y que esta apropiación ha sido sostenida siempre por un discurso ideológico trompeteado por el poder mediático, discurso que señala la virtud de la libre empresa y el carácter nocivo del intervencionismo estatal. Del intervencionismo dirigido a orientar en sentido favorable a la mayoría de la población los flujos económicos, se entiende, pues del intervencionismo destinado a esquilmar a los más y a concentrar la ganancia en los menos, Grondona no dice nada.

De hecho, este último intervencionismo ha sido el único feroz e implacable. Desde el saqueo del país interior por la oligarquía portuaria en el siglo XIX, hasta el vaciamiento del Estado de Bienestar llevado a sus últimas consecuencias por los gobiernos de Menem y De la Rúa, la acción de los representantes del establishment enancados en el poder ha sido constante. Su papel, y el de la parafernalia mediática que siempre los ha acompañado, ha sido echar arena en los ojos del público aduciendo la inutilidad del Estado y demostrándola, en cada ocasión que tenían de adueñarse de las palancas del gobierno, por el sabotaje deliberado que efectuaban de los bienes y las funciones de aquél.

Más allá de la ideología

Nuestros ideólogos oligárquicos dicen que no lo son. Y tienen razón. Están más allá de la ideología. Esta puede suponer un convencimiento sincero en la virtud de lo que se sostiene. Marx no negaba que la conveniencia económica pudiera estar ligada a una composición del mundo que creyese en el valor de una ética. De esto la ética burguesa dio un gran ejemplo. Nuestra clase alta, por el contrario, no cree en nada salvo en la conveniencia de defender sus intereses y su estilo de vida suntuario, ligados de forma indisoluble al poder exterior que nos ha moldeado de acuerdo a su conveniencia.Y para conseguirlo se encuentra dispuesta a sacrificar cualquier cosa que no sea ella misma.

Los instrumentos que por ahora maneja para conseguir sus objetivos son el monopolio mediático y los grupúsculos de presión de la “pampa gringa”, capaces, a pesar de su irrelevancia numérica, de someter a un verdadero sitio al país si vuelven a promover “tractorazos” y cortes de ruta. Si se concreta otra vez la experiencia que tuvo en vilo al país durante varios meses, el gobierno debería apartarse del laissez faire que mantuvo a lo largo del conflicto anterior. No le va a resultar fácil, en razón de la trampa en que él mismo se ha encerrado por su lenidad y por su pacifismo “a outrance”. Pero en ello le va la vida y, lo que es más grave, la vida de quienes lo pusieron en ese lugar para recomponer la situación del país.

Pues, ¿qué quieren en el fondo tanto los chacareros enriquecidos como quienes, detrás de ellos, mueven los hilos y movilizan su arsenal económico y su poderío mediático para sostener la protesta? Suena a disparate, pero todo el discurso que nos sirven a propósito del campo como el corazón de la economía implica una regresión que sólo podría darnos un futuro oscuro y, sin duda alguna, violento. Mucho más violento que el actual. Grondona explica lo que él califica como un probable giro copernicano en la posición del Congreso parafraseando a Bill Clinton cuando suministraba las razones de la derrota de Bush padre. “Es la economía, estúpido”, decía el ex presidente norteamericano, frase que Grondona traduce como: “Es el campo, estúpido”.

La perspectiva general se está tornando peligrosa. Hay demasiada inconsciencia de la gravedad de la orientación oportunista que la oposición política está dando a su accionar. No porque este vaya a redundar en un golpe de estado, sino más bien porque puede desembocar en una desestabilización institucional que permita a los sectores del privilegio volver a poner sobre la mesa su concepto inviable de país orientado exclusivamente a la explotación agraria. Semejante concepción es desatinada, atrasa –como dice Alfredo Zaiat- en más de un siglo en la teoría de la ciencia económica “y convierte a la Argentina en el único país de un mundo en fabulosa crisis donde se discute la posibilidad de volver a una economía agroexportadora primitiva”.

Hasta qué punto semejante proceso sería regresivo lo demuestra el hecho de que si las cosas siguen así, hacia el 2017 la superficie sojera argentina rondará las 120 millones de hectáreas. Más o menos el 43 por ciento de la superficie nacional, un verdadero disparate ambiental y económico según Alberto Lapolla. Amén de los riesgos que supone el cultivo de la soja transgénica tanto en el plano de la fertilidad del suelo como en el de la salud, más allá del desastre ecológico que está ya en curso a través del desmonte y la liquidación del bosque nativo, lo que asoma detrás del desenfrenado apetito de los pool de la soja y de los medianos productores que se mueven en su rumbo, es la destrucción del empleo. El “campo” no lo genera sino en una mínima medida. Cada 500 hectáreas de soja generan un solo puesto de trabajo (en comparación a los 35 que se daban en la agricultura familiar) y está fuera de toda comparación con el que proporciona la industria manufacturera. Asimismo, en el plano de la integración del Producto Bruto Interno (PIB) el aporte del campo, sojero o no, durante el período de crecimiento 2003-2006, representó tan sólo el 3,5 por ciento, en contraste con el 22,6 por ciento de la industria manufacturera y el 17,1 por ciento del comercio. La producción agropecuaria es una de las patas sobre las que se apoya el país, pero ya no es la más importante.

Hay mucho para hacer a fin de generar, desde el gobierno, un proyecto de desarrollo nacional sustentable. Esto es evidente. Pero el posicionamiento de los sectores más duros del establishment y el espeluznante vacío ideológico de la oposición producen vértigo y deben inquietar sobremanera. La reacción de esta última al discurso presidencial ha sido de una mezquindad y una pobreza abrumadoras. Sin argumentos, disparó contra la política económica del gobierno e hizo hincapié en el problema de la inseguridad, asunto delicado si los hay por supuesto, pero que está siendo sobreutilizado por la prensa para espantar a la clase media.

Así estamos. Una oposición que en general no se plantea una verdadera discusión de los problemas del país sino una utilización oportunista de estos; una clase media poco inclinada a la autocrítica, atontada por los mass media, que representa una masa de maniobra que los sectores del del privilegio pueden utilizar o neutralizar en una instancia electoral como la que se avecina, y unos sectores más populares más resistentes, pero que hasta cierto punto están aturdidos por el desempleo que se cebó en ellos hasta hace poco y que aun sigue trabajándolos, componen un conjunto de factores que requerirían  una mano firme y  una decisión política intransigente para afrontarlos. Una ley de radiodifusión, que ayude a recuperar espacio para la opinión independiente es, entre muchas otras cosas, imprescindible para enfrentar y destruir la monocorde y deliberada imbecilidad de las emisiones de la televisión, orientadas a vaciar cerebros y a celebrar y exaltar la pavada.

Pero no hay remedios mágicos. Es necesario un diagnóstico implacable de los males que nos afligen, el primero de los cuales es la ineptitud o la perversidad de las opciones políticas y mediáticas que se ofrecen para mirar el panorama. La nación y la antinación vuelven a enfrentarse. En términos poco dramáticos, y que rondan la farsa más que la tragedia, pero de cuya resolución en uno u otro sentido puede depender el destino de este país en las próximas décadas.

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