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Uno sabe que la política es un cometido que muchos de quienes se dedican a ella abordan con un criterio pasatista, frívolo o puramente especulativo, atendiendo a intereses sobre todo personales. Parece ser inherente a la naturaleza de las cosas que el cometido quizá más alto que compete al ser humano sea abordado por figurantes preocupados por un juego de poder que atiende más que nada a sus propias reglas. Que consisten a menudo en hacerle la zancadilla al otro para crearle dificultades. Cuando se está en una etapa de relativa tranquilidad pública o no se dirimen cuestiones de importancia pues la cuestión social está resuelta y lo único que cabe es la alternancia en el poder de fuerzas que en el fondo se identifican en su decisión de mantener el estatus quo, este juego puede tolerarse con un encogimiento de hombros. Pero cuando, como ahora en Argentina, existe la necesidad cierta de profundizar caminos que puedan poner al país en una vía que lo promueva a un estadio superior de desarrollo, este tipo de jugarretas es de una mezquindad tan tonta como insoportable.

Yo no tengo los conocimientos específicos para evaluar si el aumento de las jubilaciones al 82 por ciento móvil, al que Diputados dio media sanción en la madrugada del jueves, es compatible o no con una racional administración del presupuesto. Pero de lo que no me cabe duda es de que la movida opositora no se funda en un interés filantrópico por los jubilados, sino en el propósito vicioso y mezquino de crear dificultades al gobierno corriéndolo por el lado que dispara; es decir, por el de una distribución más equitativa del ingreso.

Porque, ¿quiénes son los que impulsan la medida y le prestan la proporción más sustancial de votos en la Cámara? Los mismos que hambrearon a la población pasiva con jubilaciones congeladas durante más de una década, y que incluso tuvieron el tupé de rebajarlas en un 13 por ciento, durante la malhadada gestión de De la Rúa. Y, qué casualidad, en la apremiante votación del proyecto de ley que acaba de sancionar Diputados, se prescindió del único artículo que preveía de alguna manera la determinación de las fuentes de financiación de ese masivo aumento. Una de ellas podría haber procedido de un incremento de los aportes empresarios al fondo de las jubilaciones y de la creación de tributos progresivos al capital, tal como lo promovió el Proyecto Sur. Pero, curiosa paradoja, la supresión de este rubro en el articulado final de la ley no impidió a una parte de esta agrupación votar el proyecto amputado. Lo que no habla muy bien del grado de disciplina que Pino Solanas puede imponer a su nucleamiento, ya que él no votó el proyecto tal y como se lo sancionó finalmente.

Acá se está jugando con los hechos, pero los hechos tienen una lógica irrebatible. El tema de las jubilaciones es peliagudo no sólo aquí sino en el mundo entero, al menos mientras subsista el actual ordenamiento económico de las cosas. Es decir, mientras subsista el capitalismo como clave de bóveda del sistema global. Las personas viven más tiempo, el número de trabajadores en activo que aportan a las Cajas disminuye, la evasión impositiva de las grandes concentraciones financieras es desvergonzada, el trabajo informal crece. En estas condiciones se crea un cuello de botella que estrangula, gradualmente, la posibilidad de aumentar las asignaciones a la población pasiva.

Este cuadro no es fácil que se altere en el corto plazo. El marco, sin embargo, puede y debería al menos dar cabida a reformas que están dentro de la mecánica capitalista y que, de hecho, se ponen en práctica en otras partes. Una reforma impositiva de carácter progresivo ha sido una y otra vez ignorada o pateada hacia delante por los sucesivos gobiernos argentinos de las últimas décadas. El Poder Ejecutivo, hoy, bien podría dar vuelta a la movida de la oposición tornándole la oración por pasiva. Bien podría lanzar un proyecto de ley con la tan necesaria reforma tributaria. Estamos seguros que tal iniciativa levantaría una polvareda frente a la cual lo ocurrido con la ley 125 de retenciones agrarias parecería un poroto. Por esto mismo aumentar la carga impositiva a los más ricos requiere una voluntad y una decisión con las que no sabemos si cuenta el gobierno. Tampoco sabemos si se podría obtener el apoyo social masivo y militante que semejante paso necesita para poder concretarse.

Creo que este es un capítulo insoslayable si se quiere que el intento de reestructuración nacional se profundice; pero, con la actual relación de fuerzas en el Parlamento, posiblemente habrá que esperar a que este se recomponga en las próximas elecciones.

Esto implica quizá una prefiguración optimista para el Frente para la Victoria en los comicios del 2011, convengo en ello; pero, ante el espectáculo de oportunismo, fragmentación y vergonzante o vergonzoso contubernio que ostenta el frente opositor, uno quiere creer que en el pueblo llamado a elegir sus autoridades primarán la sensatez y el buen sentido.

Colombia

Otro punto destacado –y más positivo- que se dio esta semana fue la decisión de la Corte Suprema de Colombia en el sentido de declarar inconstitucional el uso de bases militares colombianas por fuerzas de los Estados Unidos. Cosa que fuera acordada por el ex presidente Uribe Vélez con el gobierno de Washington. Desde luego, no hay que interpretar la decisión judicial como hecho consumado. De lo que se trató fue que la Corte entendió, con muy buen criterio, que un pacto de semejante importancia no podía ser fruto de una decisión ejecutiva y que requería de su refrendo en el Congreso para adquirir validez. De modo que será el Parlamento el que deberá decir la última palabra respecto al tema.

Atendiendo a la relación de fuerzas que se da en esa sede, la ratificación del acuerdo debería producirse, de modo que la disposición judicial no estaría haciendo otra cosa que postergar la apertura de las bases. Pero hay imponderables en política que surgen en el tiempo y que no están sujetos a la matemática de los escaños disponibles en el Congreso. Si bien no hay demasiado que esperar de Juan Manuel Santos, un político que fue nada menos que ministro de Defensa en la gestión de Uribe y que se distinguió en la aplicación de las normas de mano dura contra las FARC durante ese mandato, también es verdad que Santos se hizo notar en el pasado por algunas actitudes conciliadoras hacia la guerrilla y que no parece estar en absoluto dispuesto a seguir con el rumbo confrontador que el anterior presidente había asumido respecto de Venezuela.

La dilación, impuesta por la Corte colombiana, en la puesta en práctica del acuerdo militar con Estados Unidos respecto a las bases, puede servir entonces para barajar y dar de nuevo en torno de un asunto que es visto, no sólo por Hugo Chávez sino también por gran parte de los gobiernos latinoamericanos, como una injerencia peligrosísima en los asuntos de Suramérica. Veremos qué pasa.